La defensa de William Dau interpuso una tutela contra la Procuraduría para exigir la entrega del fallo escrito que formalizó su destitución e inhabilidad por 12 años como alcalde de Cartagena. La acción fue promovida el 1 de noviembre por Simón Hernández, abogado defensor, ante la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento No. 4, en medio de una disputa que cuestiona la falta de entrega del documento formal y la posibilidad de recurrir administrativamente la decisión.
El hecho se enmarca en un debate sobre el debido proceso y la adecuada notificación de sanciones disciplinarias en Colombia. Dau habría sido sancionado tras intervenir en la contienda legislativa de 2022 respaldando a dos candidatas al Congreso mediante un mensaje de voz difundido por WhatsApp, conducta que la normativa vigente reserva como inapropiada para funcionarios públicos. Aunque la sanción ya fue comunicada, la defensa sostiene que la ausencia del fallo por escrito impide conocer sus fundamentos y presentar recursos, pues la Procuraduría ha remitido actas de audiencia y registros audiovisuales sin el fallo escrito, lo que, a su juicio, vulnera las garantías procesales.
La tutela busca garantizar la debida notificación y el acceso al fundamento escrito
La normativa aplicable, Ley 1952 de 2019, artículo 231, establece que el fallo debe constar por escrito. En este marco, la defensa afirma que la falta de entrega del documento escrito impide conocer las motivaciones de la sanción y, por ende, impide la adecuada defensa. En paralelo, se señala que la destitución e inhabilidad de 12 años fue comunicada el 1 de noviembre, lo cual coloca al exalcalde en un escenario de aplicación de una medida de gran impacto sin la documentación formal que sustente la decisión disciplinaria.
«reiteradamente renuente en expedir y remitir el documento escrito que contiene el fallo de primera instancia proferido en contra» – Simón Hernández, abogado
«La Procuraduría Delegada se ha limitado a remitir nuevamente el acta de audiencia o los registros audiovisuales de la diligencia, sin entregar el fallo por escrito, incumpliendo así su obligación legal y generando una afectación directa a las garantías procesales de mi prohijado» – Simón Hernández, abogado
«adquiere un carácter político claro, pues el entonces alcalde de Cartagena expresó afinidad y respaldo hacia candidatas identificadas con una coalición específica, en un momento inmediatamente anterior a las elecciones legislativas de 2022» – Procuraduría (comunicado)
Con el contexto adicional, se advierte que el caso reabre el debate sobre la forma en que la Procuraduría emite y comunica sus determinaciones disciplinarias, especialmente en periodos electorales. La tutela que se tramita busca garantizar derechos fundamentales y ordenar la entrega del documento escrito del fallo, de modo que el proceso disciplinario sea conocido y susceptible de recursos. Dau permanece fuera del sector público por más de una década, y la resolución de este recurso podría sentar precedente sobre la transparencia y la notificación de sanciones disciplinarias en el país.
