El presidente Gustavo Petro fue denunciado ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por posibles irregularidades en su declaración de bienes y por su inclusión en la Lista Clinton de la OFAC, un hecho que el propio mandatario respondió con un mensaje en X: «Por Dios. La historia de la oposición ya no tiene límite. ¿Será que he lavado mi sueldo o qué?» Este informativo de La Veintitrés Manizales presenta los elementos clave de la denuncia y su contexto institucional.
La denuncia, presentada ante la Comisión de Investigación y Acusación en Bogotá, se apoya en una copia del formulario público de bienes publicado el 11 de noviembre de 2024 y exige la entrega de información bancaria, reportes de operaciones sospechosas y cooperación internacional. El denunciante es el profesor Juan Carlos Portilla, especialista en anticrimen financiero, quien señala incongruencias entre lo publicado y otras declaraciones, y retoma la afirmación de que Alcocer está separada de Petro desde hace años, una afirmación que Portilla difundió en octubre de 2025. La acusación también menciona la necesidad de un análisis de la UIAF y de equivalentes en el exterior, y contempla la cooperación con Italia, Islas Caimán, Panamá, Estados Unidos y otros paraísos fiscales para esclarecer los hechos. Este marco de acción, según Portilla, debe conducir a una revisión rigurosa de las cuentas y movimientos vinculados al mandatario y a su círculo cercano.
Marco institucional y posibles consecuencias
La Cámara abre un marco formal para determinar méritos para una investigación preliminar. La Presidencia no ha emitido comunicados adicionales y, de avanzar, podría derivar en una investigación penal si se verifica la falsedad en documentos públicos; se solicita la cooperación internacional y un minucioso análisis de inteligencia financiera para esclarecer los hechos y evitar que la transparencia se vea afectada. En las investigaciones, la UIAF y sus equivalentes en el exterior serán piezas clave para trazar flujos y detectar posibles lavado de activos, especialmente ante la inclusión en listas internacionales que elevan la vigilancia de transacciones y relaciones financieras.
«Investigar estas presuntas conductas es un deber de la justicia para proteger el Estado de derecho y recuperar la decencia pública» – Juan Carlos Portilla, profesor y especialista en anticrimen financiero
En lo inmediato, la atención de la opinión pública se centra en la respuesta institucional, la verificación de las pruebas y la dinámica política que rodea a la Presidencia, con la posibilidad de que el caso marque un umbral en la transparencia pública y en las relaciones de Colombia con sus socios internacionales en materia de cooperación judicial y financiera.
