Desde La Veintitrés Manizales, se reporta una denuncia del Sindicato Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Protección Social, SINALTRAEMPROS, sobre una presunta directriz del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, para que directores territoriales coloquen fotografías del presidente Gustavo Petro y del propio ministro en las áreas de atención al ciudadano de dependencias gubernamentales a nivel nacional. El reclamo, sustentado en un comunicado de dos páginas, sitúa la supuesta instrucción en un contexto preelectoral y la identifica como propaganda política y uso de espacios públicos con fines institucionales.
Según la denuncia de SINALTRAEMPROS, la orden habría llegado a los directores territoriales para exhibir esas imágenes en las entidades con funciones misionales, lo que generaría un uso inadecuado de la publicidad oficial. En paralelo, se invoca la Ley 2345 de 2023, que prohíbe la publicidad estatal para autopromoción de funcionarios y establece un Manual de Identidad Visual destinado a unificar la imagen del Estado y evitar propaganda gubernamental. De confirmarse, la medida podría acarrear consecuencias legales y desatar un debate sobre la neutralidad institucional en un periodo sensible para la política nacional.
Neutralidad institucional en juego: entre la normativa y la imagen del Estado
El contexto clave señala que la Ley 2345 de 2023 y el Manual de Identidad Visual buscan evitar propaganda gubernamental y garantizar la coherencia de la imagen pública frente al uso de recursos estatales. La denuncia llega en un momento en que se discute la neutrality institucional y la administración pública se encuentra bajo escrutinio público por la influencia de contextos preelectorales. Expertos en derecho administrativo advierten sobre riesgos para la imparcialidad y señalan posibles investigaciones por parte de la Procuraduría General de la Nación o la Contraloría si se comprueba la existencia de una directriz que mezcle la promoción política con funciones misionales.
«Esto es contrario al ordenamiento jurídico, aunado a lo anterior el país se encuentra en una etapa preelectoral, y lo que se evidencia con estas imágenes es hacer propaganda política y de gobierno, por lo cual, no debe utilizarse las entidades y las funciones misionales para fines e intereses personales». – SINALTRAEMPROS, Sindicato Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Protección Social
Hasta el momento, el Ministerio del Trabajo no ha emitido pronunciamiento público sobre la denuncia. En paralelo, expertos consultados señalan los riesgos para la imparcialidad y la neutralidad del Estado, subrayando la necesidad de que ministerios y entidades públicas mantengan la neutrality y respeten la normativa vigente en sus funciones misionales. Este caso ilumina la discusión pública sobre el uso de espacios y materiales institucionales en un escenario preelectoral y la obligación de los organismos oficiales de ceñirse a las reglas que rigen la representación del Estado.
