En Cartagena, la Unión Sindical Obrera (USO), bajo la dirección de César Loza, interpone una tutela con medida cautelar para frenar los cobros de la DIAN a Reficar ante el riesgo de embargo de cuentas que podría dejar sin empleo a 4.600 trabajadores y afectar el suministro de diésel y gasolina en la Costa Caribe. La acción, que se tramita en la actualidad, busca impedir que la refinadora, filial de Ecopetrol, vea comprometidas sus operaciones y se agrave la crisis regional.
La petición se apoya en la denuncia de cobros de IVA y en la solicitud de derogatoria de actos administrativos de cobro, con la intervención de Ecopetrol, la ministra de Minas y Energía y el ministro de Hacienda para derogar los actos. Reficar, que opera con una capacidad de refinación de 210.000 barriles diarios, podría enfrentar un embargo si la DIAN persiste en el cobro del IVA del 19% sobre gasolina, diésel y jet fuel importados entre 2022 y 2024; de ejecutarse esos cobros, podría derivar en la suspensión de operaciones y amenazar el abastecimiento de combustibles en la región.
Entre los datos clave se señalan varios hitos: el empleo directo afectado asciende a 4.600 trabajadores; la capacidad de Reficar es de 210.000 barriles diarios; la DIAN reclama 1,5 billones de pesos como IVA, y si la medida se extiende al diésel, el monto podría superar 20 billones de pesos. En 2024 la refinería pagó a la DIAN 1,5 billones de pesos por este cargo y Ecopetrol ha desembolsado 3,3 billones de pesos por el mismo gravamen; ICA y Predial pagados en Cartagena por Reficar en 2024 sumaron 36 millones de dólares, unos 146.146 millones de pesos, y en lo que va del año la cartera de ICA y Predial cobrados en Cartagena alcanza 116.000 millones de pesos.
La narrativa se enmarca en un contexto en el que Reficar es filial de Ecopetrol y la DIAN plantea cobros de IVA del 19% sobre importaciones de gasolina, diésel y jet fuel entre 2022 y 2024. El cobro podría derivar en desabastecimiento y afectar la economía regional de la Costa Caribe y los ingresos de Cartagena. Se ha solicitado la intervención de Ecopetrol, la ministra de Minas y Energía y el ministro de Hacienda para derogar estos actos administrativos de cobro, con un énfasis en evitar que paralicen las operaciones de Reficar y se agrave la crisis energética en la región.
Detalladamente, se describe que Reficar opera con una capacidad de 210.000 barriles diarios y que se advierte una “tormenta perfecta” por la combinación de la venta de petróleo en el Permian, el cobro de IVA y las negativas de licencias ambientales (ANLA) que podrían impactar a Ecopetrol.
«consecuencias tremendas» – César Loza, presidente de la USO
En este marco, el argumento central es que la paralización de operaciones de Reficar no solo afectaría a Ecopetrol, sino a toda la economía de la Costa Caribe y al abastecimiento de combustible en Cartagena. La tutela, con su medida cautelar, apunta a frenar de inmediato estos cobros y evitar una crisis que podría dejar sin empleo a miles de personas y desbalancear el suministro de diésel y gasolina en la región.
