En Bogotá, en el Juzgado 37 de control de garantías, durante la madrugada del 31 de octubre se produjo un giro significativo en el caso que investiga el homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo. La fiscal Heidy Milena Ruiz Sánchez fue removida del expediente y la investigación, que inicialmente descansaba en la URI Engativá, quedó bajo la tutela de la Unidad Vida. Este cambio se produjo tras un regaño del juez por la lectura de “conceptos gaseosos” y se materializó en la imputación por homicidio agravado contra Juan Carlos Suárez Ortiz, con la solicitud de prisión preventiva. Durante la audiencia de solicitud de la medida de aseguramiento, se ordenó un receso, la fiscal solicitó tiempo adicional para revisar su argumentación y, en un giro posterior, se realizó un ajuste parcial de la imputación.
El proceso está bajo la coordinación de Francisco Bernate, abogado representante de las víctimas y apoderado de la familia de Jaime Esteban Moreno. El juez de garantías, José Alejandro Hofmann, y el equipo de la defensa, encabezado por Camilo Rincón, señalaron la necesidad de claridad en la formulación de cargos. La decisión institucional implicó el traslado de la investigación de la URI Engativá a la Unidad Vida y la designación de un nuevo fiscal que asumirá la investigación. En el contexto del caso, la familia de Jaime Esteban Moreno agradeció el acompañamiento institucional y reiteró su interés en esclarecer los hechos, además de aceptar la posibilidad de que prospere la prisión preventiva para Suárez Ortiz cuando corresponda.
Remoción y traslado en el caso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo marcan un giro institucional en Bogotá
Entre los elementos claves del episodio destacan que la madrugada del hecho, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes, fue víctima de un incidente que ha metido al debate jurídico en la claridad de las imputaciones. La remoción de Ruiz Sánchez y el traslado de la investigación a la Unidad Vida señalan un cambio institucional relevante, con la expectativa de que un nuevo fiscal asuma la línea de investigación para avanzar en el proceso y, si corresponde, solicitar las medidas cautelares pertinentes contra el presunto responsable.
«Se están usando conceptos gaseosos. Lo que se quiere aquí es que la comunicación de la Fiscalía sea clara» – Camilo Rincón, abogado de la familia
«La labor de nosotros como jueces de control de garantías es evitar la mala praxis de la Fiscalía a partir de una conducta poner otras» – Juez José Alejandro Hofmann
En resumen, el caso pasó de la URI Engativá a la Unidad Vida como parte de un reacomodo institucional que incluye la salida de la fiscal Ruiz Sánchez y la asunción de un nuevo equipo para dirigir la investigación; la pena estimada en caso de condena podría ubicarse entre 40 y 50 años de cárcel, y la defensa ha manifestado la expectativa de continuar trabajando para esclarecer plenamente los hechos. Con el asesoramiento de Bernate y la representación de la familia, se espera que la nueva fase del caso aporte mayor claridad y rigor en la imputación y en las medidas de protección necesarias para las víctimas.
