La Fiscalía imputó al exgobernador de Putumayo, Jimmy Harold Díaz Burbano, por irregularidades en la gestión del contrato de 7.838 millones de pesos para la intervención del Parque Santander en Mocoa, sin licencia de construcción ni permisos ambientales. El contrato, suscrito el 16 de diciembre de 2015, apuntaba a una intervención general del parque, en un marco en el que se habría modificado el Plan de Ordenamiento Territorial para permitir el proyecto, con financiación probable a través de regalías. La actuación contemplaba la demolición de parte del parque y la tala de árboles, cambios que afectaban un bien cultural y patrimonial del centro de Mocoa.
El acto procesal tuvo lugar ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, en función de control de garantías, y forma parte de un proceso administrativo que pasó por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) Regional Sur para obtener financiación mediante regalías. Entre los antecedentes técnicos figuran dictámenes negativos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del Ministerio de Vivienda. Díaz Burbano, quien representó al Putumayo en la Cámara de Representantes por el Partido Conservador entre 2018 y 2022, es señalado de haber participado en la gestión del contrato cuando se realizaron modificaciones al POT para un bien cultural y patrimonial, sin contar con la licencia de construcción ni los permisos ambientales correspondientes. En los documentos se advierte que la intervención implicaba la demolición de 4.308 metros cuadrados de placas de piso y la tala de árboles para la construcción de un parqueadero, vías y otras obras previstas, afectando el hábitat de la fauna silvestre.
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La modificación del POT de Mocoa para permitir una intervención sobre un bien cultural y patrimonial sin permisos adecuados es el eje del debate que rodea este caso. La imputación formal por irregularidades en la gestión del contrato de 7.838 millones de pesos, con evidencias de ausencia de permisos y de estudios requeridos, se enmarca en un contexto político y urbanístico que ha suscitado cuestionamientos sobre la planificación y la utilización de recursos de regalías. A la luz de los hechos, se destaca además que, en julio de 2025, la Corte Suprema de Justicia ratificó una condena de 9 años y 11 meses de prisión contra Díaz Burbano por su participación en una organización dedicada a la minería ilegal, con impacto ambiental significativo, lo que añade un componente de responsabilidad penal que trasciende el presente caso.
«Las evidencias dan cuenta de que estaría involucrado en las irregularidades detectadas en un contrato suscrito el 16 de diciembre de 2015, por más de 7.838 millones de pesos, que tenía como propósito la intervención general del parque Santander, en el centro de Mocoa (Putumayo)» – La Fiscalía
«Finalmente, el contrato fue celebrado. Se dispuso la demolición de 4.308 metros cuadrados de placas de piso y la tala de árboles, afectando el hábitat de la fauna silvestre, para la construcción de un parqueadero, vías y otras obras previstas» – La Fiscalía
La noticia subraya la importancia de la transparencia en la gestión de proyectos que afectan bienes culturales y ambientales, la necesidad de permisos y estudios ambientales previos a cualquier intervención y la vigilancia de recursos de regalías en proyectos de interés público. Además, sitúa el caso en el contexto de la trayectoria política de Díaz Burbano y en el marco de la jurisprudencia que ha seguido a su condena por minería ilegal, ratificada en julio de 2025 por la Corte Suprema de Justicia.
