En Colombia, el 6 de noviembre quedó marcado por la difusión de una carta pública suscrita por un grupo de exministros y exviceministros de Salud, que denuncia un presunto plan del Gobierno para desmantelar el sistema de salud y reclama un cambio institucional inmediato. Entre los firmantes figuran Jaime Arias, Augusto Galán, Alejandro Gaviria y Fernando Ruiz, junto a otros responsables de la cartera en distintos momentos, y la misiva señala una crisis sanitaria deteriorada por decisiones recientes que, según los autores, podrían justificar una reforma profunda. En respuesta, el presidente Gustavo Petro —a través de la red social X— afirmó que esos exfuncionarios son “responsables de primer orden del saqueo billonario de los recursos públicos de la salud en manos de los piratas de la salud”.
La carta, que califica la salud como un tema que no puede servir de escenario político, exige un cambio institucional inmediato y denuncia desgaste y desfinanciamiento de la estructura sanitaria; los firmantes sostienen que las decisiones recientes han debilitado servicios y que se intenta justificar una reforma por medio de un decreto, con la pretensión de transgredir la Constitución. En su lectura, la carta propone una reconstrucción técnica y financiera del sector y advierte de la necesidad de cambiar sustancialmente la gobernanza para pasar de una lógica reactiva a una gestión centrada en la prevención y la atención primaria, con un plazo de transición de aproximadamente un año.
La reforma sanitaria en el centro del debate tras la suspensión del Decreto 0858 de 2025
Una de las piezas centrales de la discusión es el Decreto 0858 de 2025, que articulaba el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, diseñado para fortalecer la gobernanza territorial, mejorar las condiciones laborales del personal médico y transformar la gestión hacia la prevención y la atención primaria, con una transición de un año para su implementación y una fecha prevista de operación en julio de 2026. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente ese decreto mientras se resuelve una demanda de nulidad presentada por el congresista Andrés Forero, lo que reaviva la disputa entre el Ejecutivo y la justicia sobre los alcances de las reformas y la velocidad de implementación.
«La salud no puede servir como escenario político» – Grupo de exministros y exviceministros de Salud
«Los ex ministros de salud que son responsables de primer orden del saqueo billonario de los recursos públicos de la salud en manos de los piratas de la salud» – Gustavo Petro, Presidente de Colombia
El debut de la medida y la réplica de Petro intensifican el debate sobre las competencias entre el Ejecutivo y la justicia, así como sobre el rumbo del sistema de salud en Colombia. En el marco de este episodio, se ha señalado que tres magistrados no se posesionarán ante Petro: Juan Camilo Morales, Adriana Polidura y Luis Antonio Rodríguez, lo cual añade otra arista institucional a la discusión sobre la separación de poderes y el control judicial de las reformas estructurales. En medio de este pulso, se mantiene la discusión sobre el impacto real de la reforma propuesta y sobre si la suspensión del decreto frenará o redefinirá los plazos y las metas del plan de salud, cuyo objetivo es modernizar la estructura, finance y la gobernanza del sector en el mediano plazo.
