En una carta intergremial fechada el 5 de noviembre de 2025, Andesco y un conjunto de gremios del sector energético dirigieron un mensaje directo al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y a las secretarias de las comisiones Quinta de la Cámara de Representantes y del Senado. En el documento advierten que el Proyecto de Ley 432 de 2025 no logrará reducir las tarifas de energía y podría comprometer la confiabilidad y el abastecimiento, al tiempo que piden acciones inmediatas sin necesidad de adoptar un nuevo marco legal. La misiva, firmada por Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas, SER Colombia, ACP, Cámara Colombiana de la Energía, Acce, Agremgas, Gasnova, Andi, Asoenergía y Ceera, busca que las autoridades evalúen de forma técnica y económica la iniciativa y tomen decisiones de política pública para destrabar inversiones y asegurar un suministro estable a tarifas competitivas.
Los gremios señalan que sin una expansión oportuna de la oferta no se lograrán tarifas competitivas y, peor aún, se podría comprometer el abastecimiento de energía en el mediano y largo plazo. En la carta se subraya la necesidad de actuar con rapidez sin depender de un nuevo marco legal, ya que la asignación de recursos y la confianza del mercado requieren decisiones claras y coordinadas para destrabar inversiones y garantizar la seguridad energética. Este planteamiento surge en un contexto en el que la sequía generada por El Niño ha afectado la generación y el suministro, y en el que se sostiene que el Proyecto 432 no aborda fallas estructurales del sistema ni ofrece instrumentos para mitigar desabastecimiento o impulsar la expansión de infraestructura.
Riesgos para la confiabilidad y el costo de la energía
Antecedentes relevantes para comprender la coyuntura: la sequía causada por El Niño ha ejercido presión sobre el sector y los gremios advierten que el proyecto no aborda las fallas estructurales ni la insuficiencia de oferta de energía firme y gas nacional. La noticia de la carta intergremial cobra relevancia precisamente cuando el proyecto 432 está en análisis por el Gobierno y el Congreso. El texto subraya que existe un riesgo de desconfianza en las reglas del mercado, con la posibilidad de desabastecimiento a mediano y largo plazo y una presión para tomar decisiones de inversión sin contar con un marco normativo claro y estable.
Entre los datos que acompañan el diagnóstico figuran indicadores clave: por un lado, menos del 30% de la generación comprometida ha entrado en operación en los últimos cinco años, lo que revela una brecha entre promesas y realidad operativa; por otro, más del 50% de los proyectos de transmisión presentan retrasos que afectan la confiabilidad del sistema. A septiembre de 2025, los saldos por recuperar se sitúan en torno a los 6 billones de pesos, de los cuales alrededor del 68% corresponde a deuda pública del orden nacional y territorial, un hecho que complica aún más el entorno de inversiones y financiamiento para el sector.
«sin expansión oportuna de la oferta no se lograrán tarifas competitivas y, peor aún, se comprometerá el abastecimiento de energía en el mediano y largo plazo» – Gremios firmantes
«Proponemos focalizar los esfuerzos en las verdaderas prioridades del sector energético nacional, que no requieren de un proyecto de ley sino de decisiones inmediatas y coordinadas» – Gremios firmantes
«Solicitamos respetuosamente que los temas abordados en el proyecto de ley sean revisados con base en evidencia técnica, participación informada y diálogo institucional, de forma que garantice la seguridad energética, la estabilidad jurídica y la confianza de los inversionistas, pilares del desarrollo económico y social del país» – Carta intergremial
En síntesis, los gremios reiteran la necesidad de decisiones de política pública que destraben proyectos, impulsen inversiones y restablezcan la confianza en las reglas del mercado para asegurar el suministro y mantener tarifas competitivas, especialmente ante una deuda elevada de los comercializadores que, a septiembre de 2025, se mantiene en alrededor de 6 billones de pesos, con una participación significativa de deuda pública nacional y territorial. El mensaje es claro: no se trata de ajustar el marco legal, sino de adoptar medidas de política pública que respondan a fallas estructurales, aseguren la energía necesaria y garanticen una inversión confiable para el desarrollo económico y social del país.
