Este 6 y 7 de noviembre se cumplen cuarenta años de la toma del Palacio de Justicia por el M-19, un hecho que dejó más de cien víctimas mortales y seis desaparecidos que, años después, aparecieron sin vida. En la conmemoración de este aniversario se destaca la amnistía general concedida al grupo, una medida que facilitó la reintegración a la sociedad de sus integrantes, pero que también ha generado condenas por la actuación de la fuerza pública durante la retoma y por la falta de claridad sobre lo ocurrido en el edificio judicial.
El relato de aquel episodio sitúa al M-19 enfrentando al presidente Belisario Betancur y a un marco de negociaciones de paz. Aunque no hay certeza sobre posibles apoyos financieros, se mencionó un posible financiamiento no confirmado vinculado al capo Pablo Escobar. El hecho central forma parte de un proceso de paz que se demarcó para enjuiciar al presidente por incumplimiento de un cese al fuego, y que desembocó en un intento de reintegración que culminó con la entrega de armas en 1990. Las conversaciones formales comenzaron en 1989 y, en un acto público celebrado en Santo Domingo, Cauca, se entregaron unas 900 armas, significando un hito de la pacificación para muchos, aunque las preguntas sobre lo ocurrido en el Palacio persisten y la amplitud de la amnistía sigue siendo tema de debate.
Una conmemoración que reabre preguntas sobre la verdad y la amplitud de la amnistía
El marco histórico muestra antecedentes claros: la toma del Palacio de Justicia se produjo en medio de un proceso de negociación para cerrar un conflicto de décadas. No es solo memoria, sino una revisión de cifras y responsabilidades. Entre los actos atribuidos al M-19 se cuentan, además del asalto al Palacio, el robo de la espada de Simón Bolívar y la toma de la Embajada de la República Dominicana, así como ataques contra la fuerza pública y la población civil; sin embargo, ninguno de estos hechos llevó a responsabilidad individual por la amnistía de delitos políticos. La reintegración y la pacificación fueron demandas centrales de las conversaciones iniciadas en 1989, y la entrega de armas en 1990 apareció como un hito, aunque persisten dudas sobre la participación de actores externos y la verdadera magnitud de la amnistía.
«No hay declaraciones textuales disponibles» – Equipo de Redacción
En Manizales y en Colombia, este aniversario recuerda la fragilidad de la verdad frente a la urgencia de la reconciliación. A 40 años, la historia exige claridad sobre las condiciones de la amnistía, transparencia respecto a la posible financiación externa y un esfuerzo por entender las consecuencias de aquellas decisiones para cerrar la herida de la memoria colectiva y fortalecer la confianza en las instituciones que estuvieron y siguen estando llamadas a garantizar derechos, seguridad y rendición de cuentas.
