Para La Veintitrés Manizales, desde Bogotá, la conmemoración del 40º aniversario de la toma del Palacio de Justicia, ocurrida entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, arroja una noticia que mantiene viva la controversia sobre la interpretación de esos hechos: el presidente Gustavo Petro, en una publicación en X, no condenó la acción del M-19 y, citando un informe forense, reiteró su versión sobre la muerte del magistrado Manuel Gaona Cruz al señalar que ninguna bala proveniente de armas del M-19 se encontró en los cuerpos de los magistrados asesinados en el Palacio.
En el marco de la conmemoración, Petro difundió también una imagen del libro Prohibido olvidar: dos miradas sobre la toma del Palacio de Justicia, escrito junto a Maureen Maya, y se refirió a una publicación de El Espectador como fuente de su intervención. En ese contexto, la periodista Diana Saray respondió con una crítica a la narrativa que, a su juicio, intenta presentar a la guerrilla como una víctima del Palacio, lo que ha generado un nuevo cruce de versiones entre algunos periodistas y figuras políticas.
Conmemoración y controversia reavivan el debate sobre la responsabilidad histórica
Entre los antecedentes relevantes se destacan la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 en 1985 y el amplio debate sobre la responsabilidad del grupo guerrillero y la narrativa histórica que ha perdurado. El proceso de paz de 1984 y su sabotaje por parte de la oligarquía colombiana, así como el posterior resurgimiento de las hostilidades, son elementos que alimentan el contexto de esta conmemoración. A la discusión se suma el cuestionamiento a la versión oficial que ha circulado durante años, mientras la memoria de las víctimas continúa siendo objeto de escrutinio público.
En el ámbito judicial y periodístico, la Comisión de la Verdad de la Corte Suprema de Justicia señaló que Manuel Gaona Cruz fue asesinado por instrucción de Andrés Almarales, dato que aporta una arista institucional a la discusión sobre el daño causado durante aquellos hechos. Petro, por su parte, difundió la imagen del libro Prohibido olvidar y volvió a confrontar interpretaciones históricas; Maureen Maya figura como coautora del texto, y la conversación pública ha quedado marcada por la intervención del diario El Espectador como fuente de referencia para la nota publicada y la respuesta del presidente.
«El informe científico forense hecho por la justicia colombiana sobre los cadáveres de los magistrados asesinados en el Palacio de Justicia o fuera de él, y dado que las armas usadas por el M-19 eran de marca diferente a las usadas por el estado, determinó que ninguna bala proveniente de armas del M-19 se encontró en los cuerpos de los magistrados asesinados en el Palacio», afirmó el jefe de Estado en su mensaje en X. – Gustavo Petro, Presidente de la República
«En su nueva narrativa ningún magistrado murió víctima de las balas del M-19. Pareciera que está a punto de decir que el M-19 fue una víctima más del Palacio. Ni siquiera hoy, los 40 años de esta masacre, le merecen el respeto a los familiares de las víctimas de la guerrilla a la que él perteneció», expresó Saray en su publicación. – Diana Saray, Periodista
«No la reescribí, pero escribí un libro de autocrítica en función de lo que pensaba y pasaba en el M-19 en 1984 alrededor del proceso de paz de 1984 y de lo que pasó con la oligarquía colombiana ante su sabotaje al diálogo nacional que se propuso. La invito a leerlo», respondió. – Gustavo Petro, Presidente de la República
Este episodio, en el marco de una conmemoración que ya suma cuarenta años, reaviva la discusión sobre la responsabilidad del M-19 y la revisión de la memoria histórica frente a la versión oficial de los hechos. Las reacciones de periodistas y analistas, que advierten sobre la posibilidad de “reescribir la historia”, contrastan con la labor de memoria y la demanda de claridad que persiste entre las víctimas y sus familiares, tal como se refleja en las publicaciones y en las respuestas públicas que se escuchan en este aniversario.
