Más de 600 jóvenes de 50 países se reúnen en Bogotá para la Séptima Conferencia Internacional de Planificación Familiar (Icfp 2025), donde un condón inflable de tres metros se convirtió en símbolo central y se advierte sobre déficits de acceso a anticonceptivos modernos y de financiamiento para la salud sexual y reproductiva.
La capital colombiana acoge por primera vez en América Latina la ICFP 2025, con debates y paneles liderados por juventudes, y entre las voces destacadas figuran Philip Anglewicz, presidente del comité internacional de la Icfp 2025; Natalia de León, oficial de Juventudes del Centro Regional para América Latina y el Caribe de la alianza global Family Planning 2030; Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia; y un investigador de la Universidad Johns Hopkins que forma parte del comité técnico. En el marco de la conferencia se abordan datos y debates sobre derechos sexuales y reproductivos, así como sobre el acceso a anticonceptivos y las necesidades de financiamiento para la salud sexual y reproductiva. Entre las cifras clave que se comparten aparece la alerta de que más de 250 millones de mujeres carecen de acceso a anticonceptivos modernos y que hacia 2030 existe un déficit internacional de financiamiento para este ámbito superior a 1.5 mil millones de dólares.
La voz de las juventudes y la región ante los retrocesos
Desarrollos y contexto se presentan en una narrativa que subraya la importancia de la participación de las juventudes en la definición de políticas públicas. El encuentro explora el vínculo entre evidencia científica, derechos sexuales y años de lucha por políticas públicas que garanticen educación sexual integral y acceso universal a métodos modernos de anticoncepción. La conferencia busca además convertir la experiencia de América Latina en un laboratorio de soluciones ante un escenario global marcado por retrocesos ideológicos y por la necesidad de respaldo político sostenido para la salud sexual y reproductiva.
«La evidencia debe ir más rápido que la ideología. Bogotá es el lugar donde la ciencia, la comunidad y el liderazgo político se encuentran para proteger derechos y reconstruir el impulso global» – Philip Anglewicz, presidente del comité internacional de la Icfp 2025
«Cuando las juventudes no están presentes en las conversaciones sobre derechos sexuales y reproductivos, se está excluyendo, de manera inherente, a casi la mitad de la población» – Natalia de León, oficial de Juventudes del Centro Regional para América Latina y el Caribe de la alianza global Family Planning 2030
«La ciencia debe guiar las políticas públicas, no al revés. La evidencia demuestra que invertir en salud sexual y reproductiva salva vidas, reduce la pobreza y promueve el desarrollo sostenible» – Investigador de la Universidad Johns Hopkins, miembro del comité técnico de la Icfp
«América Latina ha demostrado que el progreso es posible, incluso en los contextos más difíciles. No solo estamos respondiendo a los desafíos globales: estamos creando soluciones» – Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia
La agenda de la ICFP 2025 en Bogotá se apoya en antecedentes de una crisis global de acceso a anticonceptivos modernos y en déficits de financiamiento para la salud sexual y reproductiva, mientras movimientos ultraconservadores intensifican las restricciones. En este marco, la región de América Latina se presenta como un ejemplo de resiliencia y avances en derechos sexuales y reproductivos, con modelos de atención y alianzas entre gobiernos y organizaciones comunitarias que inspiran a otros países a fortalecer la educación sexual y proteger la evidencia científica. El CPD de 2024 revela que 46,9% de la población de América Latina y el Caribe es menor de 35 años, un dato que se cita para subrayar el potencial demográfico de la región y la necesidad de políticas públicas que acompañen ese dinamismo.
La conferencia culmina con un llamado a los gobiernos para fortalecer la educación sexual integral, proteger la evidencia científica y garantizar presupuestos sostenidos para programas de salud reproductiva, con la certeza de que inversiones bien dirigidas pueden salvar vidas, reducir la pobreza y promover el desarrollo sostenible en la región y más allá.
