Riesgo de embargo a Ecopetrol y Reficar por DIAN amenaza la liquidez colombiana

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La disputa tributaria entre Ecopetrol, la refinería Reficar y la Dian, con el riesgo de un embargo que podría poner en jaque la sostenibilidad de la petrolera y de la economía colombiana, domina la actualidad nacional. Este tema emergió con fuerza durante la Asamblea General de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, donde estuvieron presentes José Ignacio López, presidente de la ANIF; Bruce Mac Master, presidente de la ANDI; y voces de alto nivel como José Antonio Ocampo y José Manuel Restrepo, exministros de Hacienda, junto a representantes de la Unión Sindical Obrera (USO). Las cifras de la discusión son contundentes: Reficar podría enfrentar un cobro de 1,5 billones de pesos por concepto de IVA del 19% sobre la importación y venta de combustibles entre 2022 y 2024, mientras Ecopetrol registra deudas por IVA que superan los 7,76 billones. Si la Dian decide avanzar con embargos, el monto podría alcanzar hasta el 200% de lo adeudado; además, Fepc reporta una cuenta por cobrar con un rezago de un año y la posibilidad de un cese de operaciones en tan solo 18 días, escenarios que intensifican la presión sobre las finanzas públicas y la necesidad de mantener una visión de inversión a mediano y largo plazo para sostener el sector.

El contexto de la discusión es claro: antecedentes de un conflicto tributario entre Ecopetrol, Reficar y la Dian que ha generado tensiones por los cobros del IVA y la posibilidad de embargo, con Fepc como un actor que acumula cuentas por cobrar rezagadas. En paralelo, persiste la ausencia de nuevos contratos de exploración y se contemplan posibles desinversiones en la cuenca Permian, lo que suma volatilidad a la estrategia de Ecopetrol y Reficar. Las consecuencias para la liquidez, el suministro de combustibles y la confianza de los inversionistas son centrales, y los analistas advierten que el país requiere sostener la inversión y evitar que las cuotas de gasto público se impongan por encima de una planificación energética de mediano y largo plazo.

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La disputa entre Ecopetrol, Reficar y la DIAN se intensifica y se extiende más allá de lo fiscal, afectando la liquidez de la petrolera y la seguridad de suministro en el país. En la ANIF, ANDI y otros interlocutores enfatizan la necesidad de evitar que se comprometan activos estratégicos y de mantener una orientación de inversión que permita sostener proyectos y empleos, frente a un entorno de tensiones fiscales y contables.

«las consecuencias peligrosas de pensar en utilizar la caja de Ecopetrol para financiar al Gobierno en el corto plazo, sin permitir que tenga proyectos de inversión y no tenga el día de mañana unos recursos importantes, pueden ser graves para la empresa y el país» – José Ignacio López, presidente de la ANIF

«Lo peligroso que sería, por ejemplo, tener una desinversión en Estados Unidos (Permian) que no sea técnica, que sea, quizás, motivada por unos recursos de corto plazo, y, por tanto, aquí lo que tiene que primar es una visión de mediano y largo plazo» – José Ignacio López, presidente de la ANIF

«desangrar a Reficar y a Ecopetrol para llevarse los recursos hacia el Gobierno nacional, no solamente es una inmensa torpeza, sino es probablemente el mayor daño que se le puede hacer a los principales activos de propiedad de la nación, y por lo tanto de los ciudadanos colombianos» – Bruce Mac Master, presidente de la ANDI

«sería absurdo eliminar una inversión rentable y clave para el grupo empresarial: la inversión en el Permian» – José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda

«Convertir una empresa orgullo nacional en fuente de caja para el gasto y el derroche es un error histórico» – José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda

En síntesis, este conflicto entre la DIAN y Ecopetrol y Reficar, potenciado por deudas de IVA y amenazas de embargo, está en el centro de una conversación que abarca liquidez, seguridad de suministro y confianza de los inversores. El país enfrenta el dilema de proteger su patrimonio estratégico sin sacrificar la recaudación y la inversión necesarias para sostener empleo y crecimiento, mientras se evalúan rutas de negociación y políticas que permitan encauzar la discusión hacia una visión de largo plazo para la economía colombiana.

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