El Gobierno defiende la reforma del sector energético, conocida como la Ley 432 de 2025, y avanza su trámite en el Congreso pese a las advertencias de gremios, mientras el presidente Gustavo Petro aseguró que todas las empresas de generación eléctrica públicas aceptarán la nueva fórmula tarifaria que empezará a regir en 2027, con la finalidad de regular y democratizar el sector y hacer que las tarifas reflejen los costos de generación para garantizar suministro y confiabilidad ante déficits de oferta en Colombia, especialmente en la región Caribe donde se presta el servicio.
En las últimas semanas, gremios y asociaciones enviaron una carta al Congreso solicitando trámite urgente y advirtiendo que la Ley 432 podría no reducir las tarifas y podría incrementarlas, además de señalar riesgos para la confiabilidad y la expansión de la oferta. Frente a ello, el Gobierno coordina entre ministerios para imprimir un mensaje de urgencia y mantiene que la ponencia está en trámite legislativo. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, sostuvo que el Congreso es el escenario para estos debates y para alimentar el cuerpo del texto, y agregó que se ha pedido un estudio de seis meses pese a que ya han pasado años sin presentar propuestas; mientras que el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que ya se proyecta la comunicación del mensaje de urgencia e insistió en imprimirlo para acelerar el proceso y avanzar en la senda legislativa.
Contexto y retos de la reforma
Hasta septiembre de 2025, el sector mostraba signos de tensión: a esa fecha, los saldos por recuperar por los comercializadores de energía se situaban cerca de 6 billones de pesos, de los cuales alrededor del 68% correspondía a deuda pública del orden nacional y territorial. En los últimos cinco años, menos del 30% de la generación comprometida entró en operación y, paralelamente, más del 50% de los proyectos de transmisión presentan retrasos. La fórmula tarifaria, que se propone basar las tarifas en los costos de generación, entrará en vigor en 2027, según los lineamientos anunciados por el Gobierno, con el objetivo de estabilizar la estructura de precios y asegurar la confiabilidad del sistema.
«el Congreso es el escenario donde queremos dar estos debates y alimentar el cuerpo del texto» – Edwin Palma, Ministro de Minas y Energía
«Ahora piden un estudio que dure seis meses y llevan años estudiando y estudiando lo mismo y aún no tienen propuestas, no han presentado una sola, ni para un tema por sencillo que parezca. La carta no dice nada nuevo» – Edwin Palma, Ministro de Minas y Energía
«Respeto la misiva, pero insistiré al Congreso adelantar el debate. Ya estamos conciliando ponencia para primer debate y pediré al ministro del Interior que imprimamos mensaje de urgencia» – Edwin Palma, Ministro de Minas y Energía
«Sí señor, ya mismo proyectamos la comunicación del mensaje de urgencia e insistencia» – Armando Benedetti, Ministro del Interior
«Todas las empresas de generación eléctrica públicas aceptarán la nueva fórmula tarifaria que empieza a regir en el 2027 y que bajará de manera estructural las tarifas de generación para cumplir con la constitución nacional: las tarifas deben estar referidas a sus costos de generación (sic)» – Gustavo Petro, Presidente de Colombia
En este contexto, 14 asociaciones del sector firmaron una carta advirtiendo que la Ley 432 podría no lograr una reducción de tarifas y podría incluso incrementar los costos, además de señalar riesgos para la confiabilidad y la expansión de la oferta de energía. El Gobierno mantiene su prioridad de avanzar en la agenda legislativa y busca apoyo para tramitar de urgencia la reforma en el Congreso, con el objetivo de garantizar suministro de electricidad y gas ante una oferta insuficiente y de estructurar la deuda y los plazos de ejecución que hoy pesan sobre el sector.
