Las estaciones de servicio en Colombia advierten sobre una presión cada vez más notable sobre los precios de la gasolina y el ACPM, resultado de la regulación de márgenes y de una carga fiscal que eleva el costo final para los consumidores. Aunque por ahora no se reportan cierres, el sector señala que podrían ocurrir en territorios con costos operativos más altos si no se adoptan ajustes regulatorios. A octubre de 2025, el precio promedio del galón de ACPM se sitúa en 10.785 pesos, y en medio de este escenario se discute la posibilidad de medidas como la liberalización regulada y un eventual precio diferencial para el diésel, buscando mantener el suministro y la competitividad frente a la dependencia de importaciones y a los costos logísticos.
David Jiménez Mejía, presidente ejecutivo de la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos, advierte que la coyuntura nacional impacta a todas las estaciones, sin importar su tamaño o ubicación, porque cualquier interrupción de la movilidad, como inseguridad, bloqueos o paros, se traduce en un efecto directo y proporcional sobre las ventas minoristas de combustibles. En la cobertura de La Veintitrés Manizales, su análisis se apoya en un conjunto de cifras que revelan la magnitud del sector y los desafíos que enfrenta, en un marco en el que la rentabilidad está en juego y es necesario revisar los costos. Además, señala que el gremio ha informado al Gobierno sobre las dificultades que implicaría implementar un precio diferencial para el diésel y que, si bien se busca asegurar el abastecimiento, también deben evaluarse los costos operativos y las implicaciones para las estaciones. En ese sentido, subraya que ser un servicio público esencial para los colombianos implica trabajar de la mano con el Estado para evitar cuellos de botella o desabastecimientos, y propone promover en territorios con mayores costos un régimen de libertad vigilada, permitiendo que el margen de comercialización sea fijado libremente por los operadores de los puntos de abastecimiento.
La presión regulatoria y su impacto en precios y suministro
Entre los datos que contextualizan la situación figura el elevado peso de impuestos y sobrecostos en el precio final: el Gobierno influye en más del 80% del precio de venta al público, mientras que la red de estaciones, que concentra cerca del 80% del total del país, continúa operando pese a los retos. La dependencia de importaciones se mantiene, con aproximadamente el 40% del consumo cubriéndose con gasolina importada, y la flanquea la necesidad de fortalecer infraestructura y logística para garantizar suministro. En términos de empleo y cobertura, la industria emplea directamente a más de 50.000 personas y opera alrededor de 6.400 puntos de venta que atienden un consumo mensual de gasolina de 199 millones de galones. En este año 2025, se observan cambios: la variación del precio de la gasolina frente a 2024, en lo que va de 2025, es de 2,38%, y desde finales de 2022 el precio por galón ha aumentado en 67%. El precio promedio del galón de ACPM para octubre de 2025 es de 10.785 pesos, mientras que Villaviencio figura como la localidad con el precio promedio de galón de gasolina más alto de Colombia, según datos de la CRE. El conjunto de estaciones, que representa aproximadamente el 80% del total, mantiene su red funcionando a pesar de los retos logísticos y regulatorios que persisten en el país, lo que subraya la importancia de reformas que aseguren suministro y competitividad ante un panorama fiscal complejo y una estructura de precios fuertemente regulada.
«La coyuntura nacional impacta a todas las estaciones, sin importar tamaño o ubicación, porque cualquier situación que afecte la movilidad —inseguridad, bloqueos o paros— tiene un efecto directo y proporcional sobre las ventas minoristas de combustibles» – David Jiménez Mejía, presidente ejecutivo de la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos
«El gremio ha señalado al Gobierno las dificultades que tendría la implementación de un precio diferencial para el diésel, especialmente en término de costos operativos» – David Jiménez Mejía, presidente ejecutivo de la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos
«Ser un servicio público esencial para los colombianos implica buscar siempre trabajar de la mano con el Estado para encontrar las mejores soluciones y evitar cuellos de botella o situaciones de desabastecimiento» – David Jiménez Mejía, presidente ejecutivo de la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos
«Que en esos territorios se promueva más el régimen de libertad vigilada, es decir, que el margen de comercialización pueda ser fijado libremente por los operadores de los puntos de abastecimiento» – David Jiménez Mejía, presidente ejecutivo de la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos
En síntesis, el sector advierte que la interacción entre regulación, impuestos y costos operativos condiciona no solo el precio al consumidor, sino también la seguridad de suministro. Con un Fepc que registra déficit y con una cuota importada relevante, la industria llama a fortalecer infraestructura y diversificar fuentes para reducir vulnerabilidades, especialmente en territorios con mayor costo de operación. La valoración de Villaviencio como punto de referencia de precios altos, sumada al peso de una red que cubre gran parte del país, marca la urgencia de soluciones consistentes para sostener la rentabilidad de las estaciones y la seguridad de abastecimiento en un año 2025 que continúa planteando dilemas regulatorios y fiscales para el sector de combustibles en Colombia.
