El presidente Gustavo Petro evalúa incluir al Tren de Aragua dentro de la política de paz total tras recibir una carta proveniente de un supuesto vocero del grupo desde una prisión. La misiva, remitida desde un centro carcelario, fue recibida por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y será trasladada al despacho presidencial para su respuesta. Petro, quien habló desde Brasil durante la COP30, señaló que la verificación de la identidad y la voluntad de sometimiento serán determinantes para decidir si se abre un canal de diálogo o contacto posterior, sujeto a las facultades presidenciales.
La noticia, que se enmarca en un periodo de diez meses aún por completar del mandato de Petro, llega en un contexto en el que la Policía Nacional de Colombia informó el 1 de julio de 2024 de la captura de Larry Amaury Álvarez, alias Larry Changa, presunto vocero y fundador del Tren de Aragua. Este grupo de origen venezolano ha sido señalado en múltiples países por operar redes dedicadas a la extorsión, trata de personas, homicidios y narcotráfico, y su expansión en Colombia ha generado preocupación entre autoridades e comunidades, con procesos de inteligencia y cooperación internacional en marcha para monitorear su trayectoria.
La carta en la agenda de la paz total
Según las reglas de la gestión de seguridad y diálogo del gobierno, un posible desmantelamiento pacífico de una organización criminal podría abrirse si se verifica la voluntad de sometimiento y se confirma la identidad del emisor, con un posible contacto posterior sometido a las decisiones del Presidente. El documento será trasladado al despacho presidencial para su respuesta formal, y aún no hay una confirmación de que se abra un proceso dentro de la política de paz total.
«No conozco si quien me escribe una carta desde la cárcel sea en realidad un vocero seguro del Tren de Aragua. En Colombia parecen ser una razón social de grupos delincenciales, pero los mayores daños criminales en mi país, tienen otras siglas y otra historia detrás» – Gustavo Petro, Presidente de Colombia
En otras declaraciones recogidas por Revista Semana, Petro señaló que la justicia de los Estados Unidos “tiene un mecanismo muy eficaz de negociación dentro de los procesos judiciales que la hace muy rápida y le quita impunidad, prefieren verdad, restauración, que cárcel, me parece que la justicia colombiana debería hacer lo mismo” y agregó que, si una organización criminal quiere desmantelarse en serio, “tal como hacen criminales ante la justicia de los EE. UU., se debería hacer también en Colombia”. También sostuvo que “por eso he decidido abrir, sin cesar, la lucha represiva y judicial contra las bandas, abrir caminos de desmantelamiento pacífico” y remató que espera que “en Bogotá se abra un proceso que ha sido fructífero en Medellín, Barranquilla, Buenaventura y Quibdó”.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz emitió un mensaje en el que se valoró “profundamente su interés genuino en formar parte de esta política pública esencial para el Gobierno, liderado por el presidente Gustavo Petro. Su compromiso con la construcción de paz y su implementación territorial es altamente significativo”.
«Valoramos profundamente su interés genuino en formar parte de esta política pública esencial para el Gobierno, liderado por el presidente Gustavo Petro. Su compromiso con la construcción de paz y su implementación territorial es altamente significativo» – Oficina del Alto Comisionado para la Paz
En el marco de antecedentes, el Tren de Aragua, de origen venezolano, ha sido señalado por las autoridades de Colombia y otras naciones de la región por operar redes dedicadas a extorsión, trata de personas, homicidios y narcotráfico. Su expansión en territorio colombiano ha generado preocupación y ha llevado a activar procesos de inteligencia y cooperación internacional para vigilar su accionar y posibles movimientos hacia la desmovilización o desmantelamiento pacífico dentro del paraguas de la política de paz total. La información, según Revista Semana, se sustenta en el documento recibido por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y su posterior traslado al despacho presidencial para su respuesta formal, en un contexto de lucha contra bandas y estructuras criminales en una nación que encara los últimos meses de mandato de Petro, con la mirada puesta en la seguridad y la construcción de paz a nivel territorial.
