La Defensora del Pueblo advierte que el acceso a medicamentos y el derecho a la salud en Colombia se han deteriorado, con un 40% de la población sin acceso a fármacos en la actualidad, el doble de lo registrado en 2021. Iris Marín, Defensora del Pueblo, señaló que este panorama es particularmente crítico en las regiones apartadas y que el balance presentado junto a Claudia Vaca, delegada de salud de la Defensoría, y Pacientes Colombia ofrece un diagnóstico sobre la entrega de medicamentos, el acceso a servicios y el incremento de las tutelas, además de un análisis de proveedores y redes que sostienen el sistema.
El informe detalla cifras que resumen la magnitud de la crisis: el acceso a medicamentos fue del 37% en 2008, cayó al 32% en 2011, alcanzó el 20% en 2020 y hoy se ubica en el 40%, lo que implica un retroceso respecto de 2021 y confirma que la situación es peor que hace una década. Paralelamente, las tutelas pasaron de más de 92.000 en 2021 a más de 265.000 en 2024, un indicio claro de la demanda creciente de derechos que el sistema no logra satisfacer con eficiencia. El informe también señala cambios abruptos en proveedores de medicamentos tras intervenciones de EPS, distorsiones en financiación, pago y reembolsos, y ubica a Nueva EPS, Cosalud y Sanitas entre las EPS intervenidas asociadas a mayores problemas. Además, identifica a Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia como los departamentos con mayor vulneración y reporta protestas en Valledupar y Riohacha por demoras en la entrega de medicamentos de la EPS Sanitas. En este marco, Pacientes Colombia advierte que restan 271 días para finalizar el gobierno de Petro, y el informe subraya la necesidad de fortalecer redes de servicios y centros especializados para garantizar una atención integral de calidad.
Diagnóstico y vías para fortalecer el sistema de salud
El contexto histórico que enmarca el análisis es claro: la Corte Constitucional dictó una sentencia estructural en 2008 por violación al derecho a la salud, y desde entonces el país ha visto caídas en el suministro de medicamentos vinculadas a cambios de proveedores, con un impacto directo en la capacidad de las personas para obtener tratamientos. En la actualidad, el aumento de tutelas y las quejas por la entrega de fármacos, especialmente en regiones vulnerables, subraya la necesidad de fortalecer redes de servicios y la coordinación entre EPS, prestadores y autoridades regulatorias. El informe propone reforzar redes de servicios y centros especializados y asegurar financiamiento y reembolsos adecuados para evitar que las variaciones coyunturales en la oferta determinen el acceso a la salud como un derecho.
«Las cosas básicas esenciales no pueden faltar, hacen parte de la atención integral que se tiene que garantizar» – Iris Marín, Defensora del Pueblo
Este trabajo periodístico para La Veintitrés Manizales busca informar a la ciudadanía sobre un problema de alcance nacional que tiene rostro regional, y se compromete a seguir de cerca la evolución de tutelas, la entrega de medicamentos y las respuestas institucionales para que el derecho a la salud deje de verse afectado por fallas estructurales.
