Colombia atraviesa una transición acelerada hacia pagos digitales que se traduce en un crecimiento notable del uso de estas herramientas en el sistema financiero, pero también en un incremento de los ciberataques. En agosto se registraron 284 millones de transacciones en depósitos de bajo monto y 405 millones de operaciones con cuentas de ahorro, mientras la velocidad media de las transacciones se coloca en 39.000 por minuto y la participación digital alcanza el 82 por ciento de las operaciones. Paralelamente, el periodo de enero a julio reveló un aumento de los ataques cibernéticos contra establecimientos bancarios, con una cifra que, según las autoridades, asciende a 27.000 millones de incidentes reportados y una frenética tasa de 94 intentos por segundo, con una escala estimada de unas 1.000 personas diarias afectadas por robo de datos personales. Estas cifras provienen de la mirada coordinada entre el Ministerio, la Superintendencia Financiera, la Autoridad Bancaria y el Banco de la República, y reflejan la doble lectura de una digitalización que acelera la comodidad para los usuarios y la eficiencia operativa de bancos e instituciones financieras, al tiempo que obliga a reforzar la ciberseguridad.
En este marco de modernización de pagos, el Bre-B —el nuevo sistema del Banco de la República para operaciones de bajo monto— empezó a funcionar y mostró resultados relevantes: en su primer mes registró más de 92 millones de llaves y 79 millones de transacciones, con montos promedio de 148.000 pesos. En cuanto a la inversión en ciberseguridad, el primer semestre de 2025 dejó una cifra de 487.000 millones de pesos, aunque registra una variación de tres por ciento menor frente al año anterior. En el terreno de los ataques cibernéticos, se estima que por cada colombiano hay aproximadamente 2.300 ataques al sistema financiero, y en el plano de fraudes, la suplantación de identidad representa el 38 por ciento, las vulneraciones de cuentas o productos el 15 por ciento y el fraude amigable el 14 por ciento. Las quejas por fraude en el tercer trimestre de 2025 superan las 240.000, mientras que la necesidad de educación y de fortalecer la confianza del usuario se vuelven clave para sostener la migración hacia una economía más digital y segura.
La digitalización de pagos avanza, pero crece la alerta frente a las amenazas y la necesidad de educación al usuario
Antecedentes y contexto sostienen que la expansión de la banca digital cambia hábitos de consumo y, al mismo tiempo, eleva la exposición a fraudes y a incidentes de ciberseguridad. La actualidad, marcada por el incremento de pagos digitales y por el aumento de ataques y quejas por fraude, exige una inversión continua en seguridad y una aceleración de la modernización de pagos como el Bre-B. El impacto de estas dinámicas, según los voceros, se traduce en la necesidad de educación y confianza del usuario para sostener la transición hacia una economía cada vez más digital y menos dependiente del efectivo.
«En 2007 se hacían 8.000 transacciones por minuto y las dos terceras partes eran físicas. Hoy estamos haciendo 39.000 transacciones por minuto en promedio» – Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria
Además, Guillermo Sinisterra Paz, superintendente delegado adjunto para Riesgos, recuerda que por cada colombiano hay aproximadamente 2.300 ataques cibernéticos al sistema financiero, una cifra que subraya la magnitud del desafío. En palabras de Malagón, dicha transición representa una de las, si no la más importante apuesta que se ha hecho en la historia de Colombia para derrotar el efectivo, señalando la magnitud estratégica de la modernización de pagos y la necesidad de blindar el ecosistema ante fraudes express y técnicas de ingeniería social asociadas a pagos inmediatos.
Con todo, especialistas y reguladores coinciden en que la mayor digitalización debe ir acompañada de robustas medidas de seguridad y de una educación cívica para que los usuarios confíen en las plataformas de pago. El Bre-B aparece como una pieza clave de la modernización del sistema, y su éxito dependerá de la capacidad de los bancos, reguladores y ciudadanos para invertir en la gestión de información y en ciberseguridad, así como de la capacidad de las instituciones para comunicar, educar y prevenir, para que la transición hacia una economía más digital no se vea ensombrecida por incidentes de fraude y robo de datos.
