La Veintitrés Manizales reporta desde Bogotá que, en medio de la finalización del convenio interadministrativo Idrd-ASEO-Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., se registraron despidos de más de 400 trabajadores vinculados al servicio de aseo, una medida que se gestó en el contexto de la entrada en vigor de la libre competencia para la prestación del servicio a partir del 11 de febrero. La noticia ha suscitado denuncias de falta de socialización y transparencia en el proceso, así como señalamientos de desmantelamiento sindical; se baraja la posibilidad de reintegrar a los trabajadores y de ampliar la planta laboral para enfrentar la reforma regulatoria. Entre los despedidos hay más de 120 afiliados a la Unión Popular de Trabajadores (UPT), varios con fuero sindical, y las proyecciones contemplan la contratación de hasta 2.000 personas más, con un impacto estimado en unos dos millones de habitantes de barrios empinados y de difícil acceso si el servicio no se mantiene de forma regular.
El proceso ha estado marcado por críticas sobre la socialización y la transparencia del cierre del proyecto y la transición hacia el nuevo esquema. El Concejal José Cuesta ha pedido aclaraciones sobre las condiciones de la transición y ha instado a garantizar el reintegro de los trabajadores. En lo público, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha expresado que debe reintegrarse a los despedidos y que el Ministerio del Trabajo intervenga para asegurar derechos laborales, mientras persiste la discusión sobre una posible ampliación de la planta laboral para enfrentar la reforma y evitar la concentración de la prestación en operadores privados. La situación permanece vigente al momento de la producción de esta nota, en medio de tensiones que podrían redefinir el mapa del aseo en Bogotá con la libre competencia.
Impacto social y respuestas ante la transición
La dinámica entre actores sociales y privados se ha intensificado; la Unión Popular de Trabajadores ha reiterado la necesidad de reintegrar a los despedidos y de abrir canales de diálogo con el sindicato UPT, mientras la CUT insiste en la defensa de los derechos laborales y en la intervención del Ministerio del Trabajo para garantizar un proceso justo. Idrd, ASEO y Aguas de Bogotá sostienen que la reconfiguración obedece al marco de libre competencia y a una reforma operativa necesaria para asegurar la continuidad del servicio, especialmente para unos dos millones de habitantes, y señalan que la propuesta de ampliar la planta laboral busca sostener la operación durante la transición. En ese marco, la discusión sobre la conveniencia de privatizar o mantener el servicio bajo control público se sitúa como eje central del debate en Bogotá D.C.
«Cada despido representa una historia de sacrificio y esfuerzo que no puede ser ignorada» – Unión Popular de Trabajadores (UPT)
«Esta ofensiva busca silenciar las valientes denuncias sobre las violaciones a los derechos laborales y la gestión inadecuada de los recursos públicos por parte de la empresa y del Idrd» – Junta Directiva de la UPT
«Rechazamos la masacre laboral que está sucediendo en este momento en Aguas de Bogotá. Exigimos el reintegro de los trabajadores. Demandamos diálogo y negociación con el sindicato UPT, y que el Ministerio del Trabajo realice todas las acciones para que la entidad respete el trabajo en Colombia» – Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
El horizonte señala que serán clave los llamados al alcalde Carlos Fernando Galán para concertar estrategias de continuidad del servicio y evitar un desmantelamiento mayor, mientras el debate entre actores sociales y privados continúa. En definitiva, la noticia de esta semana coloca a Bogotá frente a una encrucijada entre garantizar la prestación del servicio de aseo para millones de habitantes y la defensa de los derechos laborales en un proceso de transición regulatoria que, de momento, mantiene su estatus en vigencia.
