Una ola de protestas recorre varias regiones de Colombia durante octubre de 2025, mientras pacientes y familiares denuncian la falta de entrega de medicamentos y demoras en tratamientos que provocan interrupciones terapéuticas y obligan a desplazarse para obtener fármacos. Las voces que se levantan incluyen Cielomar Roy, residente en Barrancas; Rubén Rosado, cuidador de un familiar cuadrapléjico; Yudith Naranjo, madre de Waira Arango, una niña de 9 años; Mónica Payares, hija de Carmen Castillo, de 89 años; Carmen Castillo, paciente de esa edad; Marly Reyes Bayona, trasplantada; Erika Velásquez, mujer con síndrome de Eisenmenger; Myriam Muñoz, madre de un hijo con discapacidad; María Teresa, participante de la protesta; y miembros de la Red de Madres Cuidadoras con Hijos en Situación de Discapacidad, sumándose a organizaciones como Nueva EPS y Emssanar, bajo la mirada de la Defensoría del Pueblo, representada por Iris Marín, el Instituto Departamental de Salud de Nariño, la Personería de Manizales y el Gobierno Nacional.
Los manifestantes denuncian que las protestas frente a farmacias y sedes de EPS se multiplican por las largas filas, y que la necesidad de desplazarse a otras ciudades para cumplir con órdenes médicas se ha convertido en una rutina diaria para muchos pacientes. En los testimonios se mencionan tutelas y, en varios casos, encadenamientos como acciones de presión para exigir un acceso digno a tratamientos y la continuidad de las terapias que sostienen la vida de personas con enfermedades crónicas, discapacidades o trasplantes.
Protestas por demoras y desabastecimiento exponen una crisis de acceso a tratamientos en Colombia
En este marco, la Defensoría del Pueblo sostiene que no hay un desabastecimiento general, pero advierte sobre graves dificultades de acceso y retrasos administrativos que afectan a miles de personas. Según el organismo, hay 584 medicamentos que no se suministraron a nivel nacional y el costo de fármacos en el sector privado puede superar el 90% de los ingresos mensuales de los pacientes. Por su parte, el Gobierno Nacional afirma que el acceso a tratamientos está garantizado y que las EPS intervenidas atraviesan un proceso de reorganización urgente. Las cifras y testimonios citan a La FM y El Tiempo como fuentes, y la justicia en Manizales ha reconocido, tras una acción popular, que los retrasos son estructurales. Los relatos enfatizan la necesidad de tutela, encadenamientos y protestas para exigir derechos de salud.
«He tenido que enviar a un familiar hasta Riohacha con la fórmula porque en Barrancas no hay disponibilidad. Es un gasto extra y un riesgo para nuestra salud» – Cielomar Roy, residente en Barrancas
Entre las cifras destacadas figuran 156.223 medicamentos pendientes de entrega por parte de Nueva EPS en Manizales durante octubre de 2025; en Nariño, en septiembre se formularon más de 301.000 medicamentos y se entregaron 264.000. A nivel nacional, se reportó no suministro de 584 fármacos; el costo privado de algunos fármacos supera el 90% de los ingresos mensuales, y el costo de fármacos para Marly Reyes Bayona oscila entre 2 y 3 millones de pesos mensuales. Estos datos, junto a los testimonios de madres cuidadoras y pacientes, delinean un problema de acceso y gestión que golpea especialmente a quienes dependen de tratamientos continuos, y que ha motivado respuestas institucionales y debates sobre desabastecimiento y trámites en todo el país. En este contexto, la prensa local y nacional, junto a la Defensoría y las entidades sanitarias, subrayan la necesidad de medidas urgentes para evitar que estas situaciones se repitan y para garantizar la dignidad y la vida de quienes requieren medicamentos y atenciones constantes.
