En la vereda Santo Domingo, en el municipio de Tame, Arauca, un grupo armado del Frente de Guerra Oriental Manuel Vásquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional secuestró a cinco soldados del Ejército Nacional alrededor de las 11:40 a. m. de este 9 de noviembre de 2025. Los insurgentes advertían que los retenidos serán liberados ante una comisión humanitaria y responsabilizaron al Gobierno Nacional y a sus Fuerzas Armadas por lo que pueda ocurrirles en caso de un intento de rescate militar.
Los identificados son Sergio Andrés Muñoz Zapata, de 23 años; Daniel José Munive Sandoval, de 22; César Julio Muñoz Osorio, de 23; Andrés Felipe Muñoz Castro, de 23, y Luis Ángel Navarro Banquet, de 21, todos soldados del Ejército Nacional. Según las primeras versiones, viajaban de civil en un bus durante una acción de control territorial cuando fueron interceptados por encapuchados que instalaron un reten en la zona. El Ejército confirmó la identidad de los cinco y precisó que retornaban de un descanso operativo y habían desoído instrucciones de viajar por vía aérea, optando por la ruta terrestre para desplazarse.
La reacción ante el secuestro y el contexto regional
La acción ocurre en un marco de violencia sostenida en Arauca y otras zonas del país, con el ELN protagonizando hechos de hostigamiento y secuestro en la región. En el ámbito nacional, se ha informado de antecedentes que incluyen ataques previos en Tunja, donde un vehículo volqueta fue encontrado abandonado con 24 cilindros bomba, un indicio de la magnitud de las operaciones que se realizan en distintas ciudades. En este contexto, la Defensoría del Pueblo condenó el secuestro y pidió la liberación inmediata de los capturados. Según cifras oficiales, entre enero y noviembre de 2025 se registraron 437 víctimas de secuestro en Colombia, de las cuales 133 pertenecen a la Fuerza Pública, y se mantiene en siete el número de militares de la Fuerza Pública en cautiverio, repartidos entre el Ejército (cuatro) y la Policía (tres) en zonas donde operan distintos grupos armados.
El Ejército confirmó también que los cinco soldados estaban en la ruta de regreso tras un descanso operacional y que, pese a las instrucciones de viajar por vía aérea, eligieron la carretera. Este detalle, junto con la declaración del ELN de usar una vía de liberación a través de una comisión humanitaria, alimenta la preocupación por la seguridad de la Fuerza Pública y por el riesgo de escalada de violencia tanto en áreas rurales como urbanas de la región.
«Los retenidos serán liberados ante una comisión humanitaria. Responsabilizamos al Gobierno Nacional y a sus Fuerzas Armadas por lo que pueda sucederles en caso de un intento de rescate militar» – Frente de Guerra Oriental Manuel Vásquez Castaño (ELN)
En este marco, las autoridades y organismos de derechos humanos reiteraron la necesidad de acelerar un proceso de negociación y de mantener la seguridad de las comunidades afectadas por la violencia. El caso de Arauca se suma a otros episodios que han elevando la alerta sobre la posibilidad de nuevas acciones de ruptura institucional y subraya la exigencia de mecanismos que garanticen la liberación segura y sin condiciones de los civiles y miembros de las fuerzas del Estado que quedan en poder de grupos armados en diferentes regiones del país.
