El Gobierno de Petro no descarta acciones legales ni decretos para darle luz verde al debate de la reforma a la salud en el Congreso, mientras ocho senadores de la Comisión Séptima bloquean el avance de la iniciativa y se analizan opciones que van desde demandas ante la Procuraduría y la Corte Suprema hasta la posibilidad de un plan B de decretos para impulsar la discusión. En medio de este pulso institucional, el Ejecutivo también evalúa suspender el trámite hasta obtener un aval fiscal claro y se prepara para analizar distintos decretos que podrían reformar el sistema de salud, todo ello en un contexto en el que el precedente del decreto 858 de 2025, suspendido por el Consejo de Estado por invadir competencias de las EPS, sirve de marco y advertencia para los próximos movimientos.
En la coordinación de la ofensiva, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, encabezan un equipo que incluye al presidente de la Comisión Séptima, Miguel Ángel Pinto; a las senadoras Norma Hurtado, Nadia Blel y otros legisladores como Honorio Henríquez y Fabián Díaz; así como al ministro de Hacienda, Germán Ávila, y al viceministro técnico, autor del aval fiscal. Con ellos se estudia y se considera un plan B de decretos para avanzar la reforma, se anunció la posibilidad de presentar denuncias ante la Procuraduría y la Corte Suprema y se contempla suspender el trámite hasta que exista un aval fiscal sólido. Paralelamente, se analizan varios decretos posibles para reformar el sistema de salud y se buscan criterios técnicos que permitan sortear las dudas sobre la financiación y la autonomía del Congreso.
Contexto institucional y tensiones en Valle del Cauca
Antecedentes: el Decreto 858 de 2025, que ya había marcado la ruta de intervención en el sistema de salud, fue suspendido por el Consejo de Estado por invadir competencias de las EPS, lo que ha encendido el debate sobre los límites entre Ejecutivo y Legislativo. En este marco, equipos jurídicos de senadores están preparando demandas si el Gobierno intenta invadir funciones legislativas y se evalúa un abanico de decretos que podrían cumplimentar parte de la reforma sin atravesar el arco de la aprobación parlamentaria. Esta situación se da en un momento en que la presión oficial para sacar adelante la reforma es alta, y hay incertidumbre sobre la viabilidad fiscal, lo que alimenta la tensión entre el Ejecutivo y la Comisión Séptima. En Valle del Cauca, las tensiones políticas entre el Gobierno y la gobernadora Dilian Francisca Toro añaden un componente regional a un escenario ya de por sí complejo.
Reacciones y visión oficial
«Los denunciaré ante la Procuraduría y la Corte Suprema por quebrantar la Constitución y la Ley Quinta. No quieren trabajar. Quieren ir a hacer campaña y engañar a la gente otra vez» – Armando Benedetti, Ministro del Interior
«Que Colombia sepa quién miente» – Miguel Ángel Pinto, Presidente de la Comisión Séptima
«Esta nueva intromisión en la independencia del Congreso demuestra una peligrosa disposición a sobrepasar los límites de la Constitución y la ley, con el propósito de imponer a punta de decretos una reforma ideológica, construida sin los actores del sistema» – Norma Hurtado, Senadora
«Se acabó este gobierno y el presidente @petrogustavo nunca comprendió que el Congreso ejerce sus funciones con plena autonomía e independencia, sin subordinarse a los caprichos del Ejecutivo. Confío plenamente que cualquier arbitrariedad que tenga planeada, será frenada por una rama judicial autónoma e independiente» – Nadia Blel, Senadora
«ya no vale la pena seguirle insistiendo que respete la Constitución y la separación de poderes; nuestra única esperanza es un nuevo gobierno que honre nuestra democracia y la independencia de las ramas del poder público» – Nadia Blel, Senadora
«Petro, fiel a su estilo, pretende pasar por encima del Congreso, transgrediendo la separación de poderes y debilitando el Estado de Derecho. Desfinanciaron el sistema de salud, no ajustaron la UPC (Unidad de Pago por Capitación) y hoy los hospitales y clínicas, así como los pacientes, pagan las consecuencias» – Honorio Henríquez, Senador
«Provocaron una crisis que niega el derecho fundamental a la salud, mientras el propio Ministerio de Hacienda admite que no hay plata para su fracasada reforma, la misma de la cual hoy son víctimas los maestros. Petro no tiene plan A ni plan B, solo tiene el plan de destruir el sistema de salud de los colombianos» – Honorio Henríquez, Senador
«Por favor lea lo que nos dice el Ministerio de Hacienda. Que el recurso de la reforma a la salud está sujeto a la aprobación de una ley de financiamiento. Esto para ud es un aval fiscal? No culpe al Congreso, culpe al Gobierno, que son unos ineptos» – Miguel Ángel Pinto, Presidente de la Comisión Séptima
Entre los datos secundarios, se confirmó que el presidente de la Comisión Séptima mantiene la tramitación suspendida hasta disponer del aval fiscal y definir el futuro de la reforma tributaria; el Ministerio de Hacienda envió un documento a Pinto, pero persisten dudas técnicas sobre su validez por carecer de la firma del ministro Germán Ávila; y dentro del oficialismo existen sectores que impulsan agendar el tercer debate pese a los riesgos de hundimiento, con miras a apelar decisiones similares a la reforma laboral. En este marco, la institucionalidad se mantiene en un punto álgido, con el desgaste de la credibilidad y la posibilidad de que el poder judicial actúe como árbitro ante eventuales excedentes constitucionales, mientras la negociación entre Ejecutivo y Legislativo continúa abierta y cargada de nerviosismo para gestores y ciudadanos.
En resumen, el debate sobre la reforma a la salud enfrenta un escenario de alta tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, marcado por la amenaza de acciones legales, el posible uso de decretos como herramienta para forzar la discusión y la sombra de una legitimidad fiscal aún por consolidar. La dinámica regional en Valle del Cauca y la resistencia de parte de la Comisión Séptima mantienen el tablero de la reforma en un limbo, con la expectativa de que las próximas horas definan si se avanza con base en avales, si se recurre a mecanismos jurídicos o si se aplaza definitivamente para buscar un cauce más estable que asegure la autonomía institucional sin sacrificar la atención de la salud de los colombianos.
