La Fiscalía General de la Nación declaró desierta una licitación valorada en casi 38.000 millones de pesos para la adquisición de una herramienta de verificación biométrica destinada al CTI (Cuerpo Técnico de Investigación). La resolución fue publicada en Secop el viernes 7 de noviembre a las 4:40 p. m., y establece el cierre de la etapa de selección para el 23 de septiembre de 2025, con una adenda publicada el 20 de octubre de 2025 y un plazo de respuesta para el 21 de octubre de 2025.
La decisión estuvo a cargo de Alejandro Giraldo López, director ejecutivo de la Fiscalía General de la Nación, y se inscribe en un proceso que contó con observaciones de la Procuraduría, representada por Marcio Melgosa, procurador delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. El objetivo era dotar al CTI de un sistema biométrico; sin embargo, el proceso terminó sin ofertas admisibles. En el expediente se detallan las participaciones de la Unión Temporal Multibiométrica FGN, integrada por Thales Colombia S.A (47%), Sonda de Colombia S.A (45%), Thales Dis Brasil Cartões e Soluções de Tecnologia Ltda (4%) y Thales Dis España S.A (4%), así como de Idemia Iafis, con Iafis Colombia SAS (30%), Iafis Chile SA (15%) e Idemia Public Security France SAS (55%). Solo dos proponentes presentaron ofertas al cierre.
Contexto y observaciones de la Procuraduría
La Procuraduría emitió alertas sobre posibles irregularidades en el proceso, registró modificaciones al cronograma contractual y alteraciones en la evaluación de los requisitos habilitantes de la Unión Temporal Multibiométrica FGN, así como la omisión de medidas de inclusión laboral para poblaciones con especial protección constitucional. La autoridad disciplinaria recomendó suspender el trámite y analizar la posibilidad de reiniciar la licitación desde cero, señalando que la decisión de declarar desierta se fundamentó en razones técnicas y administrativas, en particular que ninguna oferta cumplía con los criterios de admisibilidad.
«Esta Procuraduría Delegada exhorta a la entidad a suspender el trámite de la licitación pública hasta tanto se analicen las posibles violaciones normativas existentes en el proceso mencionado y a analizar en detalle los escenarios en los cuales la entidad tendría la posibilidad de revocar el acto administrativo de apertura» – Marcio Melgosa, Procurador Delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública
«además de incurrir en la posible vulneración de las normas mencionadas, la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación también transgredió, posiblemente, el principio de legalidad, bajo el cual todas las actuaciones de la Administración deben estar fundamentadas en la ley y dentro del ámbito permitido por aquella» – Marcio Melgosa, Procurador Delegado
Con la resolución firmada por Alejandro Giraldo López, la Procuraduría mantuvo su revisión durante las primeras etapas del proceso, evaluando cambios en el cronograma y en los requisitos habilitantes de la Union Temporal Multibiométrica FGN. En el informe también se detalla la necesidad de avanzar con criterios de legalidad y transparencia, y la entidad continúa bajo escrutinio institucional mientras se definen los próximos pasos ante la eventualidad de reiniciar la licitación desde cero.
