En Bolívar, un perro que fue objeto de maltrato ha sido identificado como el canino del video viral tras un examen forense realizado por la Universidad Remington, y será dado en adopción en Antioquia pese a permanecer bajo custodia administrativa mientras se avanza en el proceso judicial. El peritaje, presentado este 10 de noviembre, confirma la identidad del animal que fue maltratado el 3 de noviembre en la vereda de Bolívar y marca un giro importante en las investigaciones, al tiempo que se avanza en la coordinación para su protección y eventual adopción en Yarumal, Antioquia.
La gestión ha estado encabezada por Dionisia Yusti Rivas, Gerente de Bienestar Animal de la Gobernación de Antioquia, quien destacó que la intervención de autoridades y la recompensa millonaria han puesto en el centro del debate público la protección de los animales. En el marco de la investigación, señalaron su presunta participación Alonso Oviedo Sánchez y su nombre completo, Fernando Alonso Oviedo Sánchez, en calidad de implicado, así como la participación de Germán Andrés Ramírez Castrillón, Mayor y jefe de Carabineros de la Policía de Antioquia; además, se mencionó a Julio César Aguirre Ramírez, Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Remington, como autoridad que avala el hallazgo forense. Edison Molina, Diputado, también ha estado involucrado en el marco de la discusión pública y la fiscalización del caso, que está bajo la Fiscalía General de la Nación, ya que es la entidad encargada de la imputación. Se aclaró, además, que la Fiscalía de Antioquia no tenía competencia sobre hechos ocurridos en Bolívar, lo que afectó la articulación inicial del proceso, conforme al nuevo marco normativo que incorpora la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025) para fortalecer la protección animal y los mecanismos de sanción.
Confirmación de identidad y anuncio de adopción
Con la confirmación de identidad por parte del examen pericial de Uniremington, el equipo médico y las autoridades señalan que el perro bajo custodia coincide con el animal del video. Actualmente el canino permanece estable y bajo observación en la Clínica Veterinaria Uniremington, con una incapacidad médica veterinaria de 15 días, y fue entregado a autoridades competentes en Yarumal para facilitar su protección y futura adopción. Las cifras de la causa señalan una recompensa de hasta 50 millones de pesos colombianos, vigencia que se mantiene hasta la judicialización efectiva del responsable; la Ley Ángel, en su versión vigente, orienta las medidas de protección, con una pena máxima por maltrato animal de 7 años de prisión y una multa de 85.410.000 COP (equivalente a 60 salarios mínimos mensuales, valores de 2025).
«Es la primera vez que un funcionario de tan alto nivel como el gobernador de Antioquia se apersona del tema. Gracias a haber ofrecido esta recompensa millonaria se ejerció una presión ciudadana en contra de la persona que afectó a este canino, logrando que se presentara ante las autoridades y, adicionalmente, entregara el perrito que luego se dio en custodia a la Universidad Remington», dijo Dionisia Yusti Rivas, Gerente de Bienestar Animal, Gobernación de Antioquia.
«desde la unidad forense veterinaria que el perro que tenemos en custodia es compatible con el canino que aparece en el video» — Julio César Aguirre Ramírez, Decano, Facultad de Medicina Veterinaria, Uniremington
«la libertad del sujeto respondió a un tecnicismo jurisdiccional, ya que la Fiscalía de Antioquia no tenía competencia sobre hechos ocurridos en Bolívar.» — Dionisia Yusti Rivas
En el marco del contexto institucional, la recompensa millonaria permanece vigente como una medida de disuasión y para acelerar la judicialización del caso. El proceso judicial definitivo está a cargo de la Fiscalía General de la Nación, que debe determinar imputaciones y seguir los pasos correspondientes, mientras que la Fiscalía de Antioquia ha señalado las limitaciones de competencia territorial. El análisis forense y la entrega voluntaria del presunto implicado, con declaración incluida por parte de las autoridades, han sido vistos como hitos que podrían abrir paso a futuras imputaciones y sanciones, alineadas con los compromisos de protección animal que impulsa la administración departamental y nacional.
