La extradición de Julián Eduardo Cifuentes, confeso homicida del sacerdote Darío Valencia Uribe, fue autorizada por autoridades francesas y se espera su traslado a Colombia en diciembre para ser judicializado en Pereira, en un proceso que avanza gracias a una coordinación estrecha entre la Policía Nacional e Interpol para asegurar la repatriación bajo estrictas medidas de seguridad.
La noticia se enmarca en la investigación del asesinato del sacerdote Valencia, ocurrido en Pereira en abril de 2024. La desaparición fue reportada el 25 de ese mes, y el vehículo del clérigo fue encontrado en Viterbo, Caldas, con signos de violencia; el cuerpo fue localizado en Belalcázar, Caldas, en la vereda La Cascada, a una profundidad de aproximadamente 40 metros. La detención de Cifuentes en París tuvo lugar en mayo de 2024, aproximadamente cinco días después del crimen, y el propio detenido confesó en septiembre de 2024. En Colombia, la Diócesis de Pereira designó a Renato Marín como abogado y César Bolaños, director seccional de Fiscalías de Risaralda, para coordinar la extradición y el proceso judicial que se iniciará en Pereira una vez el extraditado llegue al país, con la Fiscalía adelantando la imputación ante un juez de garantías.
Avance de la extradición y el marco judicial en Pereira
La extradición se configura como un trámite bilateral entre Francia y Colombia, con la articulación de la Policía Nacional e Interpol para coordinar la recolección de la persona extraditada en territorio francés y su traslado a Colombia, donde se cumplirá la imputación ante un juez de control de garantías en Pereira. El plan prevé que la repatriación se ejecute con estrictas medidas de seguridad y supervisión internacional para garantizar el debido proceso en la etapa de judicialización en Colombia.
«Ya se tiene conocimiento pleno de que las autoridades francesas han autorizado la extradición (…). En este momento está a la espera de los trámites entre una comisión de la Policía Nacional y la Interpol para que vayan hasta Francia y recojan a la persona que será judicializada acá en Colombia. Se espera que en diciembre esto ya se efectúe» – Renato Marín, abogado de la Diócesis de Pereira
«En este momento estamos en un tema de articulación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia con el de Francia para poder traer a la persona» – César Bolaños, director seccional de Fiscalías de Risaralda
En el contexto del caso, la Diócesis de Pereira se mantiene como una de las partes afectadas en este proceso y señala que, una vez concluida la extradición, el siguiente paso será la imputación de cargos ante un juez de garantías en Pereira. Las cifras del caso, que guían la narrativa pública, apuntan a la desaparición del sacerdote el 25 de abril de 2024, la profundidad de aproximadamente 40 metros del lugar de hallazgo del cadáver en la vereda La Cascada de Belalcázar, Caldas, y la secuencia que llevó a la detención de Cifuentes en París cinco días después del crimen, con la confesión realizada en septiembre de 2024 y una extradición prevista para diciembre de 2024.
La repercusión para la comunidad local es notable: la Diócesis de Pereira se declara víctima indirecta, y la investigación continúa para esclarecer posibles vínculos entre Valencia y Cifuentes, incluyendo indicios de amistad de años y posibles negocios personales. Mientras se espera la llegada de Cifuentes, las autoridades y las partes implicadas trabajan para que el proceso judicial en Pereira se desarrolle de manera expedita y conforme a la ley, con el acompañamiento de Interpol y la cooperación de las autoridades francesas.
