En una sentencia emitida el 5 de noviembre de 2025, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a seis años de prisión domiciliaria a cuatro directivos de Maderas del Darién, filial de Triplex Pizano S.A., por concierto para delinquir agravado y financiación de paramilitares, tras el hallazgo de transferencias que superan los 700 millones de pesos a comienzos de los años 2000 en la región de Urabá. Los actos estuvieron vinculados a la financiación del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC, liderado por Carlos Castaño, y se sustentaron con un entramado de operaciones que incluyó aportes mensuales y estructuras contables fraudulentas. El proceso también documentó un allanamiento al parqueadero Padilla el 30 de abril de 1998, que formó parte del acervo probatorio aportado por la Fiscalía General.
Entre los imputados aparecen Jorge Amézquita García, Jaime Guillermo Hernández Truten, Saúl Buriticá Cifuentes, Ricardo Palacios Romaña y Ronal Palacios Romaña, todos directivos de Maderas del Darién, la filial de Triplex Pizano S.A. Según la Fiscalía, los aportes económicos se realizaban de manera regular entre 1997 y 1999 mediante asientos contables ficticios y la simulación de proveedores y contratistas. El entramado involucró 17 personas naturales y 5 jurídicas que funcionaron como intermediarios para desviar recursos destinados a financiar al Bloque Elmer Cárdenas. Los aportes mensuales fluctuaban entre 20 y 30 millones de pesos, y parte de esos fondos se canalizó hacia operaciones del grupo armado en Urabá, Bajo Atrato y zonas aledañas, según consta en el expediente.
La primera condena de una empresa maderera por financiación a paramilitares y su impacto judicial
La sentencia marca un hito en el marco de los esfuerzos por esclarecer las conexiones entre el sector privado y las estructuras paramilitares, situándose como un precedente clave en crímenes de lesa humanidad y delitos conexos. Las pruebas incluidas en el acervo de la Fiscalía General abarcaron interceptaciones telefónicas y testimonios de exparamilitares, y la investigación continúa en un contexto en el que el Centro Nacional de Memoria Histórica ha documentado financiamiento de las AUC por parte de empresarios, incluido el sector maderero. En el ámbito histórico, se enmarca en antecedentes de expansión de las AUC en Urabá y de desplazamientos, despojos y conflictos que marcaron décadas de la región, con hechos como la destrucción de bienes de Maderas del Darién en 1991 y episodios emblemáticos como Bojayá y la Operación Génesis.
«Sobre el río Atrato y sus afluentes se tenía control sobre todo lo que se transportaba, sobre todo con la madera, que era el principal medio legal (…) Sí me reuní una o dos veces en compañía de un subalterno del Bloque, que era el que manejaba esa relación con ellos (Maderas del Darién) (…) Es cierto que ellos nos daban aportes financieros por mucho tiempo… los aportes económicos fueron acordados con ellos y fue de manera voluntaria».> – Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán
Las cifras relevantes que acompañan el fallo destacan que la transferencia total a la estructura paramilitar superó los 700 millones de pesos, y que los aportes mensuales durante 1997-1999 se situaron entre 20 y 30 millones de pesos. El contratista Néstor Cayetano Victoria recibió 937 millones, de los cuales 207 millones correspondían a bienes o servicios y 730 millones fueron desviados. En el entramado, 17 personas naturales y 5 jurídicas actuaron como intermediarios. Además, se reportó un descuento a comunidades afrodescendientes de Cacarica, Curvaradó y Jiguamiandó para financiar las operaciones, y se relaciona con efectos devastadores como Bojayá (2002), con 80 víctimas, así como los 3.500 desplazados reportados durante la Operación Génesis (1997). Estos elementos, en conjunto, fortalecen el relato de la interconexión entre intereses privados, operaciones de extracción y la financiación de grupos armados en una región marcada por la violencia y la vulneración de derechos humanos.
