La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación disciplinaria preliminar contra Armando Benedetti, ministro del Interior, por referirse a la magistrada Cristina Lombana como “loca y delincuente” durante un allanamiento a la residencia del funcionario en Puerto Colombia, Atlántico. El episodio se dio en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y, según Benedetti, Lombana participó en la diligencia y fue objeto de difusión de un video y de mensajes en sus redes sociales; el ministro también solicitó garantías para sus derechos ante la Corte. El anuncio de la indagación fue comunicado por Gregorio Eljach, Procurador General de la Nación.
Antecedentes y contexto señalan que Lombana estuvo presente en el procedimiento en la vivienda de Benedetti, mientras que el propio ministro cuestionó la legalidad de la diligencia y afirmó haber sentido vulnerados sus derechos. La indagación disciplinaria que se abre ahora, según la información disponible, se enmarca en procedimientos abiertos por la Procuraduría y es independiente de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que ya afecta a Lombana.
Reacciones y el debate sobre la separación de poderes
La noticia ha suscitado una oleada de reacciones en el espectro político y analítico, con llamados a preservar la independencia de las ramas y a evitar ataques a la figura de los magistrados cuando se ejerce la función pública. Andrés Forero afirmó: “Es inaceptable que Benedetti trate de ‘loca, demente y delincuente’ a una magistrada de la Corte Suprema.” Daniel Briceño cuestionó si acaso ya salió el ministro de defensa a ofrecer recompensas en favor de Benedetti, en alusión a la retórica utilizada por el ministro del Interior. En otro tono, Enrique Gómez subrayó que atacar una decisión dentro de sus competencias desde el Ejecutivo irrespeta la separación de poderes y pone en riesgo la integridad de la togada.
«Es inaceptable que Benedetti trate de ‘loca, demente y delincuente’ a una magistrada de la @CorteSupremaJ» – Andrés Forero
Más voces, como las de Luis Carlos Reyes, coincidieron en que el hecho representa un acto que podría debilitar la confianza institucional al cuestionar la legitimidad de las decisiones judiciales desde el poder ejecutivo. En ese marco, otros analistas han destacado la necesidad de que la Procuraduría defina con claridad si hubo vulneración de normas disciplinarias y qué consecuencias podrían derivarse para Benedetti, siempre en el marco de respetar la separación de poderes y el debido proceso. La discusión también aborda el hecho de que Benedetti afirmó haber recibido apoyo de la Corte Suprema para garantizar sus derechos y señaló que denunció a Lombana, presentó queja y tutela contra la Comisión de Acusaciones y contra el investigador Wills, lo que compensa la complejidad del contexto en que se dio la controversia.
En términos prácticos, la narrativa situacional indica que Lombana estuvo presente en la diligencia en la residencia de Benedetti y que la indagación se enmarca en procedimientos abiertos por la Procuraduría, sin depender de la investigación en curso contra Lombana por presunto enriquecimiento ilícito. Benedetti, por su parte, sostiene que esperó tres años para que se abra una indagación preliminar que, a su juicio, ha demorado injustificadamente el escrutinio, y afirma haber buscado garantías para ejercer su defensa ante la administración de justicia.
El desarrollo de estas actuaciones podría acarrear consecuencias disciplinarias y/o penales para Benedetti y alimenta el debate público sobre la equidad en la administración de justicia y la rapidez de las investigaciones, con miras a fortalecer la confianza en las instituciones y a clarificar los límites entre la función ejecutiva y la independencia judicial.
