La Corte Suprema de Justicia ordenó un allanamiento a la residencia del ministro del Interior Armando Benedetti en Barranquilla, en el marco de una investigación por el caso Fonade, y la decisión de la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción, desató un intenso debate sobre el fuero constitucional y la competencia de la Corte para indagar a altos funcionarios, un tema que vuelve a agitar el escenario político y judicial del país.
En las circunstancias de este episodio confluyen varias figuras y cargos: Armando Benedetti, ministro del Interior; Cristina Lombana, magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte; César Reyes, presidente de dicha Sala; Germán Calderón España, exprocurador delegado ante la Corte; Gregorio Eljach Pacheco, Procurador General; e Iván Cancino, abogado penalista a quien se le atribuye una mirada experta sobre el marco legal vigente. La diligencia de allanamiento fue autorizada por Lombana y tuvo lugar el 11 de noviembre, con la intervención de la Corte Suprema de Justicia para avanzar en una investigación que está vinculada al denominado caso Fonade y a presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias durante la etapa en que Benedetti fue senador, periodo que la defensa sitúa entre 2023 y 2025, después de que ocupó cargos diplomáticos y posteriormente el de ministro. En tanto, la base legal citada para justificar estas actuaciones es el artículo 235, numeral 3, de la Constitución Política, un andamiaje jurídico que sustenta el fuero de los altos funcionarios y la potestad de la Corte para proceder cuando subsisten vestigios de actuaciones relacionadas con funciones ejercidas previamente al mandato actual.
Debate sobre fuero y competencia de la Corte
Contextualmente, este caso reabre el debate histórico sobre el fuero constitucional, que establece que altos funcionarios son investigados y juzgados por la Corte Suprema, y la jurisprudencia indica que esa competencia puede mantenerse incluso después de que el funcionario haya dejado el cargo, siempre que los hechos estén vinculados a las funciones ejercidas durante el periodo correspondiente. En este episodio se discute si la actuación de la Corte para allanar la residencia de Benedetti se ajusta a esa lógica, y si la continuidad de la competencia es aplicable a hechos ocurridos cuando él era senador. La conversación también involucra a personajes como César Reyes, Germán Calderón España y Gregorio Eljach Pacheco, cuyas posiciones y argumentos fueron citados por distintos actores del ámbito jurídico y político para exponer distintas lecturas sobre la legitimidad y límites de las actuaciones judiciales en casos de alto perfil.
«Tengo una magistrada, la señora Lombana, que está loca, demente y es una delincuente hasta mandar allanar hoy mi casa» – Armando Benedetti, ministro del Interior
«Yo fui senador hasta 2022. Ella me trata como si fuera congresista y me investiga por hechos de 2023, 2024 y 2025. Eso es prevaricato» – Armando Benedetti, ministro del Interior
«Es claro que la Corte suprema puede allanar, es claro que el ministro Benedetti puede ser investigado por esa institución si mantuvo la competencia de cuando fue senador» – Iván Cancino, abogado penalista
«La pregunta es: ¿qué hecho puede motivar un allanamiento en el 2025 por un ‘delito’ cometido cuando fue senador? ¿Cuál es el fundamento? Ahí está el detalle. Y merece explicación. Por otro lado, rechazamos también los insultos de ministro a la H. Magistrada, se le fueron las luces y puede tener sanciones» – Iván Cancino, abogado penalista
Aunque la discusión pública se centra en la legalidad y alcance del fuero, también se esgrimen cifras relevantes: entre 2022, cuando Benedetti dejó de ser senador, y 2023, 2024 y 2025, años que la defensa sitúa para los hechos objeto de la investigación, se discuten posibles consecuencias que podrían ir desde sanciones disciplinarias hasta destitución e inhabilidad para el ejercicio de cargos por hasta 20 años, según lo planteado por analistas y abogados consultados en el marco del caso. El allanamiento de la residencia en Barranquilla y las declaraciones posteriores del ministro generan un efecto dominó en el análisis público sobre la independencia judicial y los límites de la autoridad de la Corte frente a altos funcionarios, un tema que no es nuevo, pero que vuelve a estar en el centro de la conversación nacional.
