La Contraloría General de la República informó que los 2,78 billones de pesos asignados para atender el estado de conmoción interior en el Catatumbo han resultado insuficientes, tras ejecutarse cerca del 50 por ciento. En una audiencia pública ante la Corte Constitucional realizada el 11 de noviembre de 2025, el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra presentó un paquete de medidas de control y seguimiento para corregir la ejecución y asegurar que los recursos lleguen a los proyectos de atención humanitaria y desarrollo que reclama la crisis. Entre las medidas mencionadas figuran el seguimiento al Auto 1666 de 2025, la creación del Tablero de Control Catatumbo, la instalación de una Mesa Permanente de Seguimiento Fiscal y el monitoreo territorial del Plan Catatumbo en Cúcuta.
El informe detalla que, si bien la apropiación vigente asciende a 2,76 billones, la ejecución está alrededor del 50 por ciento, mientras que los compromisos alcanzan el 62,37 por ciento y las obligaciones apenas el 25,8 por ciento. Los pagos, en tanto, se sitúan en el 24,7 por ciento. En materia de contratación, entre enero y octubre de 2025 se firmaron 22.473 contratos por un valor de 1,94 billones de pesos; de estos, 55 contratos vinculados a la conmoción y la crisis humanitaria suman 24,657 millones de pesos. El Decreto 0062 de 2025 introdujo una adición presupuestal extraordinaria de 2,768 billones, y la Corte Constitucional se pronunció el 23 de septiembre de 2025 sobre la exequibilidad del artículo que añadió ingresos al Plan Nacional de Desarrollo, con exequibilidad total o condicionada según el sector para la distribución de recursos.
Instrumentos de control y seguimiento para la crisis en Catatumbo
Más allá de los números, el informe destaca avances y cuellos de botella en áreas como educación, inclusión productiva y atención humanitaria, frente a retrasos en infraestructura, vivienda y formalización de tierras. También señala una débil articulación entre entidades nacionales y regionales, y subraya que el principal reto no es la ausencia de un plan, sino la ejecución eficaz de los recursos. En ese marco, el seguimiento territorial en Cúcuta con líderes regionales advierte que la cuestión central es la ejecución, no la carencia de planes, y aboga por una mayor coordinación para que las inversiones lleguen a las comunidades en condiciones de transparencia y trazabilidad.
«aunque existe ejecución presupuestal significativa, los pagos efectivos aún son bajos frente a los compromisos adquiridos» – Carlos Hernán Rodríguez Becerra, Contralor General de la República
«el Catatumbo sigue siendo un espejo de las deudas históricas del Estado colombiano, pero también una oportunidad para demostrar que la institucionalidad puede actuar de manera articulada, transparente y eficaz» – Carlos Hernán Rodríguez Becerra, Contralor General de la República
«La paz no se decreta: se construye con inversión responsable, con control social y con transparencia, protegiendo lo que es de todos» – Carlos Hernán Rodríguez Becerra, Contralor General de la República
La intervención de la Corte Constitucional y la creación de instrumentos de control buscan fortalecer la trazabilidad de cada peso y prevenir desviaciones que puedan traducirse en corrupción o ineficiencias. Para La Veintitrés Manizales, este proceso subraya la necesidad de una vigilancia fiscal y social más ágil, capaz de acompañar al Catatumbo hacia una ejecución más eficiente de los recursos, con participación ciudadana y transparencia como pilares fundamentales.
