Desde Manizales, este reporte aborda el Informe Nacional de Competitividad 2025–2026 del Consejo Privado de Competitividad, que advierte que Colombia enfrenta una brecha entre diagnóstico y ejecución, impulsada por un exceso de normas y una regulación que, en lugar de impulsar el desarrollo, la frena. Según el CPC, el periodo analizado 2025–2026 muestra que se necesita pasar de un “Estado licenciante” a uno que evalúe resultados, con medidas para mejorar la ejecución y la productividad. En ese marco, se registra un promedio de 23,8 normas diarias, una cifra que ilustra la saturación regulatoria y su impacto en la capacidad de la economía para avanzar con agilidad.
El informe detalla que esa inercia institucional se traduce en una economía más lenta y menos atractiva para la inversión. La productividad laboral en Colombia se sitúa en apenas 30% del promedio de la OCDE; en el sector agropecuario, un trabajador colombiano produce la mitad de Brasil y un tercio de Chile. El déficit fiscal para 2025 se ubica en 3,8% del PIB, y la adopción tecnológica en las mipymes es baja, con solo 9% usando IoT o análisis de datos frente a 27% de la OCDE. Las reservas de gas han caído un 59% en la última década, y la violencia organizada creció un 24% entre 2020 y 2024. En educación, cuatro de cada diez bachilleres acceden a la educación superior, casi uno de cada cuatro abandona y la deserción en programas técnicos y tecnológicos supera el 30%. La brecha digital persiste: solo 9% de las mipymes usan tecnologías frente al 27% de la OCDE. En este contexto, la inversión en conectividad, alfabetización digital y políticas de innovación abierta aparece como una vía prioritaria para revertir la tendencia.
Propuestas para acelerar la ejecución y la productividad
Entre las medidas concretas, el informe propone introducir cotizaciones parciales a la seguridad social para trabajadores independientes, reactivar el contrato de aprendizaje y expandir la educación dual para mejorar la oferta educativa y su canalización hacia las necesidades del mercado. En energía, señala la caída de las reservas de gas y propone avanzar de manera más ágil con proyectos de energías renovables para diversificar la matriz y reducir la vulnerabilidad. En materia fiscal, recomienda simplificar el sistema tributario y eliminar exenciones ineficientes para disminuir el déficit y liberar recursos para inversión en productividad. En justicia, enfatiza la digitalización de procesos y una mayor coordinación con las fuerzas de seguridad para enfrentar la violencia organizada. En conectividad e innovación, subraya la necesidad de aumentar la adopción tecnológica en las mipymes, promover la alfabetización digital y establecer políticas de innovación abierta. En educación y mercado laboral, destaca la importancia de alinear la oferta educativa con las demandas del mercado mediante la microcredencialización y la formación digital para desarrollar las habilidades demandadas por la economía actual.
«El desarrollo no se logra con más reglas, sino con mejores mecanismos de evaluación y seguimiento» – Consejo Privado de Competitividad (CPC)
«Reconocer los sesgos y las emociones que dividen al país es el primer paso para construir confianza y transformar los diagnósticos en resultados» – Consejo Privado de Competitividad (CPC)
«Sin aceptar algunos sacrificios en el proceso de licenciamiento, el desarrollo se dará, solo que al margen de la ley, de la mano de organizaciones criminales, acabando con todos los recursos ambientales y sociales que queríamos proteger en primer lugar» – Consejo Privado de Competitividad (CPC)
El informe llega en un momento en que la conversación sobre la eficiencia pública y la necesidad de reformas de fondo gana relevancia. Si bien se reconocen costos políticos y sociales en la implementación de cambios sustantivos, el CPC advierte que la no acción podría erosionar la inversión, la productividad y el crecimiento sostenible. Además de las medidas orientadas a conectividad e innovación, el documento subraya la necesidad de fortalecer la educación superior y técnica para cerrar la brecha entre la oferta educativa y las demandas del mercado, y de promover políticas que reduzcan trámites y mejoren la formalización para impulsar una economía más competitiva y sostenible.
