En el Congreso de la República de Colombia, cien académicos, juristas y representantes de organizaciones sociales firmaron una carta dirigida al Parlamento para pedir que el proyecto de Jurisdicción Agraria y Rural sea debatido con altura, rigor jurídico y seriedad técnica. Los firmantes señalan la necesidad de eliminar el control judicial automático sobre las decisiones de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, con el objetivo de acelerar la recuperación de baldíos y la gestión de tierras públicas. No se especificó una fecha en el material. Entre los signatarios figuran instituciones y personas como el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA; el Observatorio de Tierras; el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP; el Instituto de Estudios Agrarios Yamile Salinas; y figuras como Rodrigo Uprimny y Rocío del Pilar Peña Huertas; en total, 100 académicos y actores sociales suscribieron la carta.
La carta, que se dirige al Congreso, propone un debate profundo y técnicamente fundamentado sobre el proyecto que reglamenta la Jurisdicción Agraria y Rural y señala metas explícitas, como la creación y desarrollo del Fondo de Tierras para redistribuir tres millones de hectáreas. El texto se apoya en instrumentos legales relevantes citados: el Decreto Ley 902 de 2017 y la Ley 160 de 1994, que regulan procedimientos especiales agrarios de naturaleza administrativa destinados a proteger y recuperar baldíos, hacer cumplir adjudicaciones de tierras públicas y sancionar incumplimientos. Los firmantes enfatizan que la eliminación del control judicial automático no suprime las garantías judiciales, pues cualquier ciudadano o actor afectado puede activar mecanismos como la acción de nulidad o de restablecimiento de derecho ante controversias concretas o violaciones de derechos.
Debate técnico y equilibrios entre ANT y la justicia rural
«El esquema vigente de control judicial automático entorpece la celeridad y la eficacia necesarias para alcanzar ese objetivo.» – Los firmantes
«La carta propone que el Congreso debata con “altura, rigor jurídico y seriedad técnica”.» – Los firmantes
«La eliminación del control automático no suprime las garantías judiciales: cualquier ciudadano o actor afectado puede activar mecanismos judiciales como la acción de nulidad o de restablecimiento de derecho cuando se presenten controversias concretas o afectaciones de derechos.» – Los firmantes
Contextualmente, los antecedentes señalan que los procedimientos especiales agrarios regulados por la Ley 160 de 1994 y decretos vinculados son de naturaleza administrativa y buscan proteger y recuperar baldíos, sancionar incumplimientos y asegurar el cumplimiento de adjudicaciones de tierras públicas. La propuesta pretende acelerar la gestión de baldíos y tierras, pero desata un debate sobre la concentración de poder en la ANT y la necesidad de mantener garantías judiciales adecuadas. Quienes respaldan la iniciativa sostienen que la Jurisdicción Agraria y Rural debe complementar a la ANT y garantizar una justicia especializada para las zonas rurales, sin sacrificar las salvaguardas procedimentales necesarias para proteger derechos individuales y colectivos.
Con este movimiento, la noticia pone en la mesa un debate sobre la velocidad institucional frente a las garantías judiciales y abre la expectativa de que el Congreso abra un periodo de análisis plural y riguroso sobre la efectividad de las instituciones encargadas de la tierra, en un sentido que podría impactar la redistribución de 3 millones de hectáreas y la vida de comunidades rurales en Colombia.
