Una información publicada por La Veintitrés Manizales confirma que nueve militares del Ejército Nacional fueron enviados a un centro de reclusión por la tortura, desaparición y asesinato de un campesino de 27 años con discapacidad cognitiva, hecho ocurrido en Frontino, Antioquia. La información, divulgada el 12 de noviembre de 2025, señala que las detenciones se realizaron en instalaciones de la base militar de Frontino y que la víctima estaba bajo la sospecha de pertenecer a un grupo armado ilegal. Entre los detenidos se encuentran el teniente Leider Ortiz Ortiz, el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros, el cabo segundo Cristian David Córdoba Piamba y los soldados Brayan Estiven Osorio, Miguel Ángel Caicedo Hernández, Alberto Rojo Giraldo, Didian Fernando Ruiz Reyes, Jhon Edwin Quejada Fabra y Neider Oyola Ortiz; todos ellos bajo una medida de aseguramiento que deberá cumplirse en una guarnición militar mientras avanza la investigación y el proceso judicial.
El hecho, de acuerdo con el dictamen forense, implica que la víctima fue sometida a tratos crueles durante cinco horas en instalaciones militares y que la muerte fue la consecuencia de esos actos. El cuerpo, de 27 años, fue envuelto en una hamaca y trasladado al helipuerto de la base, desde donde fue arrojado al río El Cerro. El cadáver fue localizado tres semanas después y remitido al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para las labores de autopsia y demás diligencias. La investigación señala una presunta relación entre la desaparición y la pertenencia a un grupo armado ilegal, lo que fundamenta la imputación y el envío de los nueve agentes a centro de reclusión en la guarnición.
Imputación y medidas de aseguramiento en guarnición militar
La fiscalía y las autoridades judiciales mantienen abierta la proceso en curso a la espera de pruebas adicionales, mientras el INMLCF ha confirmado la relación entre la tortura y la muerte. Los nueve militares permanecen bajo medida de aseguramiento, en instalaciones de la guarnición correspondiente, mientras se sustancia la imputación y se avanzan las investigaciones sobre las circunstancias que rodearon el caso en la base de Frontino. La noticia, que añade un capítulo severo a la deliberada revisión de posibles abusos en instalaciones castrenses, subraya la necesidad de una investigación rigurosa y de medidas concretas para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.
«los actos de tortura fueron la causa de la muerte» – Dictamen forense, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
El contexto de este caso señala que la víctima fue retenida en las instalaciones militares bajo la sospecha de pertenecer a un grupo armado ilegal, y que la noticia llega en un momento en el que se impone una revisión exhaustiva de las prácticas dentro de ciertas guarniciones. La imputación y el envío a centro de reclusión de nueve militares marcan un hito en la respuesta institucional frente a estas severas violaciones, con el INMLCF emitiendo la confirmación de la relación entre tortura y muerte y la apertura de un proceso judicial que deberá esclarecer responsabilidades y reparar a la comunidad afectada de Frontino y al país en su conjunto.
En lo que respecta a la evidencia operativa, se ha establecido que el traslado del cuerpo se realizó desde el helipuerto de la base hacia el río El Cerro, y que el cadáver quedó localizado tres semanas después, siendo remitido al Instituto para su análisis forense. Estos datos, junto con las declaraciones oficiales, sostienen la versión de los hechos que motivaron la detención de los nueve militares y la continuación de la investigación para determinar el alcance de las responsabilidades y las eventuales cadenas de mando involucradas en este caso de graves violaciones de derechos humanos.
