En un hecho que combina financiamiento educativo y credenciales cuestionadas, Juliana Guerrero, joven nacida en el Cesar y candidata a viceministra de Juventudes, recibió de Icetex un crédito por 11.084.000 COP para estudios superiores que, según la versión oficial, no habría terminado. Paralelamente, la Fundación Universitaria San José anuló sus títulos y se abren investigaciones administrativas y penales para revisar su contratación y la expedición de credenciales, un episodio que desata un intenso escrutinio sobre los mecanismos de verificación de documentos académicos en el país.
La anulación de los títulos por parte de la Fundación San José, fechada el 7 de noviembre de 2025, ha estado acompañada de la apertura de indagaciones en la Fiscalía 42 Especializada de Bogotá y en la Procuraduría para determinar posibles delitos de falsedad documental y fraude procesal, así como posibles responsabilidades disciplinarias. Documentos y contratos vinculados a la Universidad Industrial de Santander figuran en la investigación, entre ellos un convenio de 14.500.000.000 COP entre la UIS y el Ministerio del Interior para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana; Guerrero habría desempeñado funciones de gestión y asistencia técnica en ese marco y habría percibido honorarios cercanos a 12.000.000 COP mensuales. La aprobación del crédito de Icetex ha sido cuestionada por la ausencia de divulgación de criterios y por señales de una verificación de credenciales que no habría sido exhaustiva, mientras la UIS realiza una revisión interna y se ha emitido una orden judicial para entregar documentos relevantes.
El caso en cifras y posibles consecuencias
Entre las cifras que rodean el episodio destacan los 11.084.000 COP del crédito Icetex; el convenio de 14.500.000.000 COP entre UIS y el Ministerio del Interior para proyectos de convivencia y seguridad; los honorarios mensuales de Guerrero en contratos con la UIS, que rondarían los 12.000.000 COP; y la fecha del 7 de noviembre de 2025 como la decisión de anulación de títulos por la Fundación San José. Estos elementos, unidos, alimentan un debate sobre la transparencia en la aprobación de créditos y la verificación de credenciales, y podrían derivar en sanciones administrativas o penales para directivos y exdirectivos, además de impulsar un marco de mayor supervisión sobre expedición de credenciales y acceso a cargos públicos.
«Ya no aspiro a ser viceministra de Juventud ni tengo interés en cargos de Gobierno. En este momento lo único que quiero es aclarar mi situación académica» – Juliana Guerrero
«Tengo mis notas y actas. La universidad las tiene también. No entiendo por qué ahora cambian la versión» – Juliana Guerrero
«No he cometido ningún delito. La universidad tiene mis notas y, si cambió su posición, tendrá que explicar por qué» – Juliana Guerrero
La repercusión de este caso podría propiciar un fortalecimiento de los controles públicos sobre credenciales y procesos de expedición de títulos, con posibles sanciones para quienes estuvieron a cargo de las decisiones y con un llamado a la transparencia en la gestión educativa. Mientras Guerrero insiste en que su prioridad es aclarar su situación académica, las autoridades reafirman la necesidad de esclarecer las irregularidades para salvaguardar la integridad de las credenciales que permiten el acceso a cargos públicos y la confianza ciudadana en el sistema educativo.
