La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Andrés Felipe Marín, alias «Pipe Tuluá», a Estados Unidos para enfrentar cargos de tráfico de drogas y concierto para delinquir. En paralelo, las autoridades de Valle del Cauca reforzaron la seguridad en Tuluá para prevenir disturbios, con despliegues de más presencia policial y militar en entradas y salidas del municipio y una coordinación interinstitucional entre la Gobernación, la Fuerza Pública y la Alcaldía, acompañada por un monitoreo constante desde el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad (CGES) en Buga. Las declaraciones públicas se realizaron el 12 de noviembre, y si bien la fecha exacta de la decisión de extradición no se especifica en el material, la decisión judicial fue comunicada como un paso decisivo en la lucha contra el crimen organizado.
Marín, reconocido como cabecilla de la estructura criminal La Inmaculada, fue detenido en Bogotá y permanece bajo custodia en la estación de Policía de Los Mártires. La extradición se basó en cargos imputados por Estados Unidos por tráfico de drogas y concierto para delinquir, con hechos que se remontan a un marco legal posterior al 17 de diciembre de 1997. Según el expediente, Marín está investigado en al menos 51 procesos y vinculado formalmente en 49 de ellos; se le atribuyen al menos 47 homicidios en Valle del Cauca y otros cargos como desaparición forzada, extorsión y tráfico de drogas; en 2022 recibió una condena de 30 años de prisión por homicidio.
La seguridad en Tuluá se reforzará con la implementación de la estrategia Corredores Seguros y con un monitoreo adecuado a través del CGES en Buga. También se fortalecerán los dispositivos de seguridad existentes desde el año anterior, con un aumento de la vigilancia en puntos clave y la coordinación reforzada entre la Policía Nacional y el Ejército, apoyada por tecnología de vigilancia para vigilar las entradas y salidas de la ciudad. El funcionario invitó a aplaudir la cohesión institucional y a garantizar la seguridad ciudadana durante el proceso de extradición, subrayando que la gobernadora Dilian Francisca Toro está al frente de estas gestiones.
Contexto y Detalles Clave
Este caso se enmarca en un esfuerzo regional de cooperación internacional contra el crimen organizado y el narcotráfico. Antecedentes señalan que Marín controla operaciones desde prisión y que su peligrosidad ha generado un impacto significativo en la seguridad de la región. La noticia llega en medio de la intención de evitar alteraciones del orden público en Tuluá y de reforzar la presencia institucional para que la población perciba la acción coordinada entre autoridades locales y nacionales. Se destaca además que Marín continúa bajo custodia en la estación de Policía de Los Mártires, en Bogotá, mientras avanzan los trámites para la extradición, y que CGES en Buga continúa como centro de monitoreo y coordinación interinstitucional a nivel regional.
«Vamos a fortalecer los ingresos, las salidas del municipio, por supuesto, también con presencia institucional de nuestra Policía Nacional y del Ejército» – Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca
En síntesis, la extradición de Andrés Felipe Marín y la articulación de esfuerzos entre la Gobernación, la Fuerza Pública y la Alcaldía buscan no solo avanzar en un caso de alto impacto judicial, sino también robustecer la seguridad regional y la cooperación contra el crimen organizado en Valle del Cauca, con un horizonte de vigilancia y control que podría influir en la vida cotidiana de los habitantes durante el periodo de extradición.
