La Fiscalía General de la Nación ha acusado formalmente a Nicolás Petro Burgos, exdiputado del Atlántico, de presentar información falsa en su hoja de vida ante el SIGEP y de otros ilícitos vinculados a la documentación aportada ante ese sistema. En la audiencia prevista para el 12 de noviembre de 2024, la Fiscalía sostuvo imputaciones por falsedad en documentos públicos y privados y por falso testimonio, y añadió una supuesta relación laboral con Energía Delta Limitada que habría quedado registrada ante SIGEP para el periodo 2020-2022, con fecha de inicio el 1 de enero de 2020. También se mencionan certificados con datos alterados para respaldar movimientos en la declaración de renta del exfuncionario, y se alude a posibles actos de tráfico de influencias para beneficiar a la fundación Fucoso, según la narrativa de la acusación que involucra a Elsa Noguera, Daysurys Vásquez, Fucoso y otros actores, incluida la fiscal de la Nación, Lucy Laborde, así como un delegado de la Procuraduría General de la Nación y el juez a cargo de la causa.
La defensa y la propia audiencia han mostrado un panorama complejo. Energía Delta Limitada negó la existencia de la relación laboral reportada por Petro Burgos, lo que añade una capa de contradicción a la acusación. En la actualidad, la Fiscalía amplía las imputaciones para incluir falsedad en documento privado y falso testimonio, con señalamientos sobre certificados cuyo contenido habría sido alterado para respaldar movimientos en la declaración de renta del involucrado. Además, la investigación señala la posible influencia sobre la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, para favorecer a la fundación Fucoso, sin que aún se determine de forma precisa la forma en que podría haberse ejercido ese tráfico de influencias. Durante la audiencia se ordenó una interrupción temporal para aclarar argumentos sobre esa posible influencia y, posteriormente, la imputación se reiteró y el proceso continuó en las etapas siguientes.
Audiencia en curso y detalles del caso
El marco temporal de la investigación abarca el periodo entre 2020 y 2022, con la relación laboral reportada a partir del 1 de enero de 2020 bajo la lupa de SIGEP. En el expediente figuran abonos a un proyecto de vivienda por 49.300.000 y 100.000.000 de pesos, mientras que las supuestas cifras pagadas en la declaración de renta suman 19.300.000 y 50.000.000 de pesos, montos que la Fiscalía utiliza para sostener la hipótesis de movimientos de dinero asociados a las certificaciones y a las diligencias fiscales y administrativas. Estas cifras se enmarcan en la discusión sobre la veracidad de la información que Petro Burgos presentó ante las autoridades y lo que podría derivar en una responsabilidad penal o administrativa, en función de las pruebas que se vayan recabando en las próximas diligencias.
«Le parece al Ministerio Público que no se cumplen, al menos desde los supuestos fácticos señalados por la Fiscalía, los presupuestos establecidos en la ley para que por lo menos algunos de los delitos imputados en este bloque constituyan un delito» – Delegado de la Procuraduría General de la Nación
En el marco de las declaraciones y las consideraciones judiciales, la Procuraduría General de la Nación ha cuestionado parte de la acusación, expresando reservas sobre la base legal de algunas imputaciones de falsedad en documento privado y de falso testimonio. El juez advirtió que, si no existen hechos precisos que respalden la imputación por tráfico de influencias, podría recurrir a un control material de esa imputación. Con ese escenario, el caso continúa en una fase de definición judicial, a la espera de nuevas diligencias y de la incorporación de pruebas y antecedentes que permitan esclarecer la responsabilidad de las partes y la posible existencia de actos de influencia para beneficiar a la fundación Fucoso y a otros involucrados. La audiencia fue suspendida temporalmente para aclarar los argumentos sobre el tráfico de influencias y luego retomó con la reiteración de cargos y la continuación del proceso pending nuevas diligencias. En este contexto, la defensa y la fiscalía mantienen posturas firmes ante un caso que continúa abierto y sujeto a resoluciones futuras que definirán el alcance de las imputaciones.
