La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro a raíz de la denuncia del concejal de Medellín Alejandro de Bedout sobre su participación en el evento “Paz Urbana” celebrado en Medellín el 21 de junio de 2025, y por posibles usos de recursos públicos. El expediente de la investigación lleva el No. 6992, y la indagación se enmarca en un proceso que podría marcar un hito en la rendición de cuentas a alto nivel político.
La indagación, iniciada por la Comisión de Acusación, avanza con la revisión de pruebas y la orden de recabar evidencias ante entidades como el Inpec, el Ministerio de Justicia y la Presidencia de la República, así como con la transmisión del evento por canales oficiales para su registro público. El acto se llevó a cabo en Medellín, donde, según la denuncia, participaron cabecillas de bandas criminales, lo que alimenta la complejidad de la investigación y la discusión sobre el posible uso de recursos estatales para la organización y difusión del acto público.
Entre los elementos que acompañan la denuncia se afirma que, durante Paz Urbana, la transmisión fue realizada por canales oficiales y que en la tarima estuvieron presentes reclusos, integrantes de grupos armados urbanos y militantes políticos, todos supuestamente respaldados por recursos públicos. Este conjunto de circunstancias amplía el escrutinio sobre la transparencia de actos oficiales y el manejo de recursos estatales en actos de visibilidad pública del jefe de Estado.
Apertura histórica de un proceso contra un jefe de Estado
Este caso representa la primera apertura formal de un proceso por parte de la Comisión de Acusación contra un mandatario nacional, y el expediente No. 6992 sitúa la atención en un hito institucional que podría influir en el equilibrio entre la autoridad ejecutiva y la ciudadanía. La narrativa oficial apunta a un proceso “real, abierto y con impulso probatorio”, según las declaraciones de la comisión, que subraya que nadie está por encima de la ley, mucho menos el Presidente, y que la batalla jurídica podría prolongarse hasta el final.
«un hecho histórico» que coloca al presidente “contra las cuerdas”, al iniciar un proceso “real, abierto y con impulso probatorio” — Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes
“Los representantes ordenaron practicar pruebas ante el Inpec, el Ministerio de Justicia y la Presidencia de la República” — Comisión de Acusación
“Nadie está por encima de la ley, mucho menos el Presidente” — Comisión de Acusación
“batalla jurídica hasta el final” — Comisión de Acusación
En síntesis, la apertura del expediente No. 6992 sitúa a la investigación en Medellín como un eje central del escrutinio público sobre la conducta de un jefe de Estado y sobre la utilización de recursos del Estado en actos de alta visibilidad institucional. El caso mantiene en la agenda el debate sobre transparencia, responsabilidad y límites de la autoridad, en un contexto de confrontación entre el Gobierno y una denuncia ciudadana que ha ganado relevancia mediática.
