Cuatro décadas después de la tragedia, la Defensoría del Pueblo advierte que los sobrevivientes continúan enfrentando vulneraciones de derechos y que el Estado debe asumir una reparación integral que garantice memoria, dignidad y justicia social.
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La tragedia de Armero, ocurrida el 13 de noviembre de 1985 por la erupción del volcán Nevado del Ruiz, no solo dejó pérdidas humanas y materiales incalculables, sino que instauró profundas secuelas sociales que perduran hasta hoy. Un informe reciente de la Defensoría del Pueblo resalta la continuidad de estas afectaciones y la urgencia de una reparación integral para los sobrevivientes y sus comunidades.
El desastre provocó la muerte de aproximadamente 25,000 personas y desplazó a miles más, dejando daños irreparables en el tejido social y cultural de la región. A pesar de los avances normativos y la creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la atención estatal ha sido fragmentada e insuficiente para garantizar los derechos fundamentales de los afectados.
El informe Armero: 40 años de vulneración de derechos plantea que la tragedia debe entenderse como un proceso social e histórico que exige responsabilidad estatal sostenida y compromiso institucional. La reparación no solo implica restitución material, sino también la garantía del derecho a la memoria y la dignidad humana.
Muchos sobrevivientes enfrentan hoy condiciones de vulnerabilidad que incluyen problemas de vivienda, acceso limitado a servicios básicos y dificultades en salud física y mental. Los traumas emocionales, como ansiedad y depresión, siguen presentes, afectando la calidad de vida de las personas.
La destrucción de Armero también impactó la identidad cultural y el tejido comunitario. El desplazamiento forzado rompió las redes sociales, dificultando la reconstrucción social y económica de los sobrevivientes, quienes han pasado de una economía agrícola a empleos informales precarios.
El informe subraya que la gestión del riesgo no puede limitarse a una visión técnico-operativa. Debe consolidarse como una política pública estructural basada en el respeto por los derechos humanos y la protección de la naturaleza, con un enfoque inclusivo y diferencial.
El derecho a la memoria se presenta como una medida fundamental de reparación. El documento recomienda la creación de un Centro de Memoria Histórica de Armero y la implementación de estrategias nacionales de educación y prevención para evitar la repetición de tragedias similares.
Además, se insiste en la necesidad de un registro actualizado de los sobrevivientes y sus condiciones, así como en garantizar su no revictimización, especialmente en el caso de los niños y adolescentes desaparecidos durante el desastre.
Aunque se reconocen acciones estatales, como los avances jurídicos y políticos en gestión del riesgo, persisten debilidades institucionales y vacíos normativos que dificultan una atención integral y articulada.
El informe plantea que la política pública debe orientarse hacia la igualdad, justicia social y protección de los derechos, con especial atención a quienes han sido históricamente invisibilizados.
La Defensora del Pueblo, Iris María Ortiz, hace un llamado a la comunidad, al Estado y a la sociedad en general para que la historia de Armero se convierta en una oportunidad para fortalecer la gestión del riesgo con enfoque humano y garantizar la dignidad y bienestar de todas las personas afectadas.
Así, a 40 años del desastre, Armero no solo es memoria, sino un desafío vigente para la gestión del riesgo en Colombia y la construcción de un país más justo y solidario con quienes han sufrido las peores consecuencias de los desastres naturales.
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Conozca el informe completo:
