Un ciudadano colombiano fue imputado por homicidio culposo tras el naufragio de una lancha artesanal que transportaba 22 migrantes en Miramar, Santa Isabel, Costa Arriba de Colón, hecho que dejó fallecida a una niña colombiana de 3 años. La audiencia de imputación se celebró el 11 de noviembre de 2025 en la sede del Sistema Penal Acusatorio en Colón, y el Ministerio Público solicitó la imposición de una medida cautelar de reporte semanal ante la Personería de Santa Isabel, mientras continúa la investigación.
La embarcación, conducida por un ciudadano colombiano cuyo nombre no fue divulgado, zarpó el 9 de noviembre desde el muelle de Miramar y, al acercarse a la desembocadura de un río, el oleaje provocó su vuelco. De los 22 migrantes a bordo, 20 fueron rescatados (18 adultos y 2 menores) y falleció una niña de 3 años. El ayudante, un ciudadano panameño cuyo nombre tampoco se divulgó, fue absuelto en la imputación correspondiente. El abogado defensor que lleva el caso es Mack Anthony.
La investigación apunta a irregularidades documentales. La embarcación no tenía permiso vigente para transporte de pasajeros y, según la Autoridad Migratoria Panameña (AMP), estaba registrada únicamente para pesca artesanal; además, zarpó desde un muelle no habilitado por la AMP. Estas circunstancias, señalan las autoridades, reflejan patrones de operación de varias embarcaciones que trasladan migrantes sin cumplir requisitos para transporte de pasajeros, aumentando los riesgos de accidentes en la región.
Imputación y marco de contexto migratorio
El análisis realizado por la AMP indica que el permiso de la lancha estaba vencido y que la nave, destinada a pesca artesanal, no podía usarse para transportar pasajeros, lo que ha centrado la atención del Ministerio Público en esclarecer las circunstancias exactas del viaje y a posibles otros involucrados en la organización del traslado. En el marco de los cambios en los flujos migratorios en el Caribe panameño y los esfuerzos de control migratorio y repatriación entre Panamá y Estados Unidos, este caso adquiere relevancia para las políticas de seguridad y migración en la región.
«El encargado de cualquier vehículo es aquel que lo conduce», afirmó Mack Anthony, abogado defensor
«Se alcanzó un total de 2.736 personas deportadas y expulsadas gracias al memorando de entendimiento migratorio firmado por ambos países», afirmó Frank Ábrego, ministro de Seguridad
La audiencia culminó con la imposición de la medida cautelar de reporte semanal ante la Personería de Santa Isabel, y se espera que la investigación, con un plazo de seis meses, permita esclarecer las circunstancias del incidente y determine si existen otros involucrados en la organización del viaje. El caso, que se desarrolla en la sede del Sistema Penal Acusatorio en Colón, continúa en curso mientras las autoridades buscan respuestas sobre la responsabilidad y las condiciones que permitieron este trágico naufragio.
