La Veintitrés Manizales informa desde el centro de la noticia que Mario Díaz-Balart, congresista republicano por Florida, cuestionó la suspensión del intercambio de inteligencia entre Colombia y Estados Unidos ordenada por el presidente Gustavo Petro. El anuncio, difundido el 11 de noviembre a través de la red social X, ha encendido tensiones bilaterales en un momento en que las autoridades colombianas señalan ataques a lanchas narcotráficas en el Caribe y el Pacífico, a los que Petro respondió denunciando ejecuciones extrajudiciales.
Petro indicó que la orden alcanza a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública y que suspende el envío de comunicaciones y otros tratos con las agencias de seguridad estadounidenses. Poco después, Armando Benedetti, ministro del Interior, sostuvo que la cooperación no se ha detenido y que la medida está condicionada a la detención de los ataques contra lanchas en las zonas del Caribe y el Pacífico. En el trasfondo, Colombia ha visto cómo Estados Unidos retiró al país de la lista de aliados en la lucha antidrogas, restringió el uso de visas para Petro y varios funcionarios y evaluó una reducción de ayudas financieras para la lucha antidrogas; aun así, Bogotá defiende su marco institucional y señala que la cooperación permanece en curso en términos generales, con énfasis en proteger los derechos humanos y el debido proceso.
La tensión crece en medio de un escenario de seguridad regional y efectos potenciales
Las cifras que ha citado Petro para describir la magnitud de los ataques —20 embarcaciones hundidas y al menos 76 muertos— alimentan un debate que ha generado condenas por parte de más de 50 países y declaraciones conjuntas de Europa y otros estados. Organismos internacionales, como la ONU y Human Rights Watch, han calificado los ataques como ejecuciones extrajudiciales y violaciones a derechos humanos, exigiendo detenerlos e investigar. En lo operativo, el alcance de la suspensión podría traducirse en una merma del acceso de Colombia a información estratégica, tecnología avanzada y apoyo logístico de Estados Unidos, con posibles efectos adversos en las operaciones contra carteles y las rutas del narcotráfico. Los ataques se originaron en el Caribe frente a Venezuela y se han extendido al Pacífico oriental, frente a México, lo que añade complejidad a la cooperación regional en materia de seguridad.
«Sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia» – Mario Díaz-Balart, Congresista republicano por Florida
«última expresión de su actitud de proteger a los narcotraficantes, es algo triste y altamente inaceptable» – Mario Díaz-Balart, Congresista republicano por Florida
«El presidente Gustavo Petro nunca ha dicho que las agencias de control americanas —FBI, DEA, HSI— van a dejar de trabajar en Colombia a la par de nuestras agencias de inteligencia Dipol, Dijín y CTI, y seguiremos trabajando como lo ha hecho este Gobierno en contra del narcotráfico y el crimen con los Estados Unidos» – Armando Benedetti, Ministro del Interior de Colombia
La discusión llega en un momento en que la cooperación en materia de inteligencia entre Colombia y Estados Unidos se ha visto puesta a prueba por realineamientos diplomáticos y por la necesidad de acreditar un marco de respeto al derecho internacional y a los derechos humanos. El efecto práctico para Colombia podría incluir una reconsideración de esquemas de intercambio de información y de asistencia tecnológica y logística, mientras que la comunidad internacional vigila de cerca la evolución de la situación y presiona para evitar agudizar la tensión sin un marco legal claro. En este escenario, la noticia continúa ocupando titulares en los foros regionales e internacionales, con la esperanza de que las partes encuentren una vía para retomar el cauce de la cooperación sin sacrificar principios fundamentales de derechos humanos y legitimidad internacional.
