En Bogotá, el Juzgado 36 penal del circuito con función de conocimiento dictó en primera instancia una sentencia de seis años de prisión domiciliaria contra Óscar Fernando Fetecua Rusinque por amenazas en línea dirigidas a Gustavo Petro Urrego durante su etapa como congresista. La resolución también establece la prohibición de usar redes sociales durante el periodo de la condena.
Fetecua Rusinque, abogado, es señalado por haber realizado dos publicaciones en plataformas digitales en marzo de 2021 en las que se profirieron amenazas de muerte y se hacía alusión a la agrupación AUC; hechos que motivaron cargos présentados por la Fiscalía General. Alejandro Carranza, representante legal del presidente y abogado de Nicolás Petro, subrayó la seriedad del caso y sostuvo que las acciones atribuidas no se limitaban a una manifestación violenta en redes. La defensa del presidente había pedido 96 meses (8 años) de reclusión en establecimiento penitenciario, pero el juez decidió imponer seis años de arresto domiciliario y mantener la prohibición de uso de medios de comunicación como Twitter o X durante ese periodo.
La sentencia en primera instancia y sus alcances
La decisión, de la que no se especificó una fecha en el material disponible, representa una señal contundente sobre la respuesta a las amenazas en línea. Además de la condena, el fallo contempla la prohibición de uso de Twitter o X durante la duración de la pena, una restricción que el Ejecutivo ha utilizado para enfatizar que no se tolerarán ataques dirigidos a figuras públicas por vías digitales.
«No quiso arrepentirse» – Gustavo Petro Urrego, Presidente de Colombia
«Óscar Fernando Fetecua es un abogado de extrema derecha que me amenazó de muerte por esta red. No quiso arrepentirse de su amenaza como sí ha sucedido con la mayoría de quienes he demandado judicialmente. Ahora ha sido condenado a cinco años de cárcel» – Gustavo Petro Urrego, Presidente de Colombia
Este fallo no solo establece una pena de seis años de prisión domiciliaria, sino que también impone una pena accesoria de prohibición de uso de redes sociales durante la misma duración, marcando un precedente claro sobre las medidas que pueden acompañar las condenas por amenazas en línea y la necesidad de un marco que proteja a las figuras públicas frente a ataques en la esfera digital.
