El Consejo de Estado anuló una condena de $73 millones contra la Gobernación del Atlántico y ordenó rehacer el análisis, frenando un riesgo de hasta $22.076 millones en 38 procesos similares y un universo de 300 casos. La sentencia, fechada el 30 de octubre de 2025, subraya que la administración no formó parte de los contratos privados ajenos a su gestión y que la lectura de esos acuerdos debe corregirse para evitar responsabilidad patrimonial injustificada.
El fallo se sustenta en el debido proceso y en los parámetros del artículo 90 de la Constitución, y llega después de que ex docentes y trabajadores del sector educativo otorgaran poderes a un abogado para adelantar procesos contra el Estado. Al revocarse esos poderes, surgieron demandas por honorarios y perjuicios; sin embargo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Andje, sostuvo que la Gobernación no podía ser responsable cuando los contratos fueron celebrados sin su participación directa. En ese marco, la jurisdicción administrativa ordena rehacer el análisis para corregir esas interpretaciones y evitar una cascada de reclamaciones.
La decisión podría evitar una cascada de responsabilidades y fortalece la gestión contractual
Con la determinación, el Tribunal Administrativo del Atlántico deberá emitir una nueva decisión ajustada a los parámetros establecidos por el Consejo de Estado, lo que podría frenar la posible responsabilidad patrimonial y contener el gasto en rubros de salud, educación e infraestructura. Según las cifras oficiales respaldadas por la sala, existen 38 procesos similares cuyo monto agregado alcanza $2.796 millones, y se estima un universo adicional de hasta 300 casos que podrían verse afectados por este nuevo marco interpretativo.
«Este fallo no solo evita un pago injustificado, sino que sienta un precedente para blindar al departamento frente a reclamaciones sin fundamento» – fuente cercana al equipo jurídico
La Gobernación del Atlántico está evaluando medidas para prevenir futuras controversias y fortalecer la gestión contractual. Entre las medidas consideradas está la creación de un comité especializado de análisis de riesgos judiciales y la revisión de los procesos de contratación para asegurar que la administración asuma únicamente responsabilidades derivadas de actos de su competencia, evitando costos innecesarios en áreas clave como salud, educación e infraestructura.
