La noticia principal es la adquisición de 17 aviones de combate Gripen por Colombia, firmada con Saab por más de 16,5 billones de pesos y formalizada por el presidente Gustavo Petro durante la ceremonia del 106.º aniversario de la Fuerza Aérea Colombiana en Cali, un movimiento que reabre el debate público sobre gasto militar y prioridades frente a las necesidades sociales. El acuerdo contempla además el reemplazo de la flota de Kfir y mantiene contratos de mantenimiento de helicópteros MI-17 con Vertol Systems, mientras que existen preocupaciones sobre posibles limitaciones operativas de la flota Black Hawk ante el uso intensivo de horas de vuelo.
El contrato con Saab para la entrega de las 17 aeronaves se financia, en parte, con vigencias futuras para cubrir las necesidades actuales de defensa, y se enmarca en un plan que busca robustecer la capacidad operativa de la Fuerza Aérea. Paralelamente, la renovación incluye la finalización de los contratos de mantenimiento de los MI-17 con Vertol Systems en noviembre de 2025, lo que genera preguntas sobre la continuidad de la disponibilidad de los helicópteros de apoyo. A esto se suman advertencias sobre el posible desabastecimiento o menor disponibilidad de la flota Black Hawk si se alcanzan los límites de horas de vuelo permitidas, lo que alimenta el debate sobre la dependencia de la defensa frente a temas de seguridad interna y regional.
Entre las cifras que ruedan en el tablero público se destacan los más de 16,5 billones de pesos para las Gripen, en un marco presupuestal en el que el Defensoría de la Nación y el Gobierno señalan que el gasto de defensa en 2024 fue de 52,8 billones de pesos y se proyecta en 61,1 billones para 2025. En la distribución presupuestal, la inversión representa cerca del 10% frente al 90% destinado a gastos de funcionamiento, y la defensa se ubica en 3,4% del Producto Interno Bruto. A nivel regional, Colombia mantiene una participación mayor en gasto militar relativo respecto a Brasil (1%), Venezuela (0,5%) y Ecuador (3,6%). En paralelo, informes de la Contraloría señalan inquietudes sobre municiones vencidas y la desaparición de miles de armas, lo que añade un factor de escrutinio a la operación y a las políticas de almacenamiento y control de arsenales. En lo que respecta a antecedentes, el debate ya había sido encendido en 2019 por el senador Gustavo Bolívar, quien cuestionó la compra de aeronaves por Iván Duque en ese año, cuando se destinaban 1,2 billones de pesos a aeronaves sin mirar con suficiente atención otras prioridades sociales.
Contexto y debate público
Antecedentes relevantes muestran que en 2019 Gustavo Bolívar cuestionó la aprobación de una compra de aeronaves por 1,2 billones de pesos durante la administración de Iván Duque, lo que hoy retorna en un momento en que el país enfrenta retos sociales y económicos. La noticia llega, además, en un marco en el que el Gobierno defiende la renovación del arsenal como una estrategia de disuasión y de fortalecimiento industrial, al tiempo que promete beneficios colaterales para el desarrollo sostenible y social. En palabras del propio Petro, no obstante, el acuerdo “va más allá de la defensa” y “tendrá un impacto social”, al expresar que Colombia fortalecerá su desarrollo industrial en paneles solares, el suministro de agua para La Guajira y mejoras en la salud para las comunidades más necesitadas, un discurso que busca reconciliar capacidades militares con compromisos sociales y de cooperación regional.
«Mientras niños mueren de hambre, desnutrición, y jóvenes se van a la violencia por falta de oportunidades, Duque planea comprar aviones de guerra por 1.2 billones. Sin contar costoso mantenimiento. ¿Para qué si aquí no hay guerra en los cielos? ¡La guerra es el negocio socio! (sic)» – Gustavo Bolívar, senador
En resumen, la noticia reabre un debate público sobre la relación entre gasto militar y prioridades sociales ante una renovación de arsenal significativa. El Gobierno sostiene que la inversión refuerza la capacidad defensiva y, a la vez, impulsa la industria y genera beneficios sociales, mientras que la oposición y analistas señalan la necesidad de evaluar con rigor la sostenibilidad fiscal a largo plazo, las vigencias futuras y el efecto de estas decisiones en programas sociales que requieren atención urgente. En el terreno regional, las cifras y las proyecciones alimentan un pulso político sobre cuánto debe destinarse a defensa frente a retos como el hambre, la desigualdad y la pobreza, y cuánto se traduce en inversiones productivas y en servicios para la gente.
