En una jornada marcada por un informe de la Defensoría del Pueblo que documenta la muerte de seis menores de edad durante operativos militares en Guaviare y Mondomo, Cauca, el presidente Gustavo Petro defendió la decisión de bombardear para salvar a los soldados, argumentando que si se permitía avanzar a los 150 combatientes fuertemente armados bajo el mando de alias Mordisco, terminarían emboscando a un pelotón de unos 20 jóvenes al frente, una explicación que ha generado un intenso debate en la opinión pública y entre sus adversarios políticos para la edición de La Veintitrés Manizales.
La Defensoría del Pueblo detalla que las víctimas fueron menores de edad reclutados por las disidencias de las Farc y que, en el marco de las operaciones, se logró neutralizar a 35 combatientes y asegurar 35 fusiles, además de varias ametralladoras y otros pertrechos, en una operación que involucró a un grupo de aproximadamente 150 combatientes fuertemente armados. El informe también destaca que, desde el inicio de la administración de Petro, se han recatado 2.411 niños de las garras de los grupos armados, señalando así la doble dinámica de seguridad y protección de la infancia que caracteriza la gestión del Ejecutivo. Las acciones, según el relato oficial, estuvieron coordinadas con las Fuerzas Armadas de Colombia y el EMC, el Estado Mayor Central, en un contexto de alto riesgo en territorios como Guaviare y Cauca.
La polarización entre seguridad y derechos humanos se intensifica tras la difusión de las cifras
La reacción del arco político no tardó en hacerse sentir. La senadora María Fernanda Cabal recordó sus críticas de 2019 a un operativo similar que dejó víctimas infantiles y cuestionó si lo ocurrido podría considerarse un crimen de guerra, mientras la oposición respondió con valoraciones diversas y un fuerte activismo en redes sociales. En este marco, figuras como Iván Mordisco, líder de las disidencias de las Farc, y José Manuel Galán, líder liberal, subrayaron posturas críticas: Galán enfatizó que la solución no son los bombardeos ni las balas, sino la fuerza de la ley y la presencia del Estado, mientras Cabal se aferró a interrogantes sobre la legalidad de las acciones. En medio de estas voces, Papo Amín, concejal de Bogotá, apuntó críticas directas que fueron recibidas por otros sectores con respuestas que calificaron de hipocresía. En el plano citado por Petro, el dirigente recordó que quienes se oponen a la paz han visto neutralizados a decenas de combatientes y se han logrado incautaciones significativas de armas y cocaína, un marco que el mandatario utiliza para sostener su narrativa de equilibrio entre seguridad y proceso de paz.
«Decisión riesgosa, bombardear antes que lleguen a su objetivo. Eso hice» – Gustavo Petro, Presidente
Este episodio recoge la tensión entre una política de paz que continúa vinculada a la necesidad de acción militar ante amenazas graves y un rechazo sostenido de parte de la oposición cuando hay víctimas civiles, especialmente menores. La Defensoría del Pueblo, como fuente central de datos, mantiene el centro del debate, mientras las respuestas en redes sociales y en las tribunas públicas evidencian una polarización que se mantiene en el centro de la conversación nacional y de la cobertura periodística de La Veintitrés Manizales para comprender el alcance y las implicaciones de estas decisiones en el tejido social colombiano.
