En un hecho que coloca la atención sobre la frontera de la cooperación regional, FEDe. Colombia presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra un memorando binacional suscrito entre los departamentos de Vichada y Guainía y el estado Amazonas de Venezuela, firmado el 24 de septiembre de 2025 en Puerto Carreño. La acción fue radicada el 12 de noviembre de 2025 ante la Corte Constitucional, y es impulsada por Andrés Caro Borrero, representante de la Fundación para el Estado de Derecho.
La demanda sostiene que el memorando crea comisiones binacionales permanentes, regula actividades en sectores estratégicos y fija compromisos de ejecución a largo plazo sin aprobación legislativa ni revisión de la Corte Constitucional, lo que implicaría una desviación de la competencia constitucional en materia de relaciones internacionales y de control democrático sobre acuerdos de esta naturaleza.
La Corte deberá definir la constitucionalidad y el alcance de la autoridad de sus suscriptores
El desarrollo de la demanda señala que el memorando contempla siete áreas de cooperación: cultura, educación, salud, comercio, turismo, deporte y otros temas acordados, con una vigencia indefinida salvo renuncia expresa de alguna de las partes. Los anexos presentados a la Corte incluyen el texto íntegro del memorando y notas de prensa de los firmantes, aunque no ha sido publicado oficialmente aún, lo que añade opacidad al proceso y mantiene la discusión en la arena judicial y académica.
«la Amazonía no debe ser espacio de acuerdos sin sujeción constitucional» – Andrés Caro Borrero, representante de la Fundación para el Estado de Derecho
«este Memorando no constituye un tratado ni genera obligaciones jurídicas internacionales entre los Estados» – Memorando de entendimiento (cláusula 7)
El contexto indica que la Corte deberá evaluar la constitucionalidad y la competencia de los suscriptores, con advertencias sobre el riesgo de fragmentación de la política exterior y posibles impactos en minería y medio ambiente si se interpreta que se desatienden controles democráticos. En suma, la demanda plantea un punto de inflexión sobre cómo se coordinan las regiones fronterizas con actores internacionales y qué salvaguardas democráticas deben acompañar cualquier acuerdo de ese nivel.
