En un giro que promete complicar aún más el panorama legal y político en torno a la élite judicial y periodística, la expareja y socia fundadora de la firma Miguel Ángel del Río Abogados, Ximena Bustamante, presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia en la que acusa al propio Miguel Ángel del Río de orquestar un entramado para atacar al expresidente Álvaro Uribe Vélez y de mentir para reforzar su supuesto esquema de seguridad. La denuncia, registrada el 14 de noviembre de 2025, señala una presunta red de maniobras e irregularidades que involucrarían a personal de la Unida Nacional de Protección y a diversas figuras públicas, incluyendo al narcochofer Manuel Castañeda, cliente de Del Río, y a Diego Cadena, abogado de Uribe. Además, la acusación cita a personas como Andrés Idárraga, secretario de Transparencia; Iván Cepeda, senador; Augusto Rodríguez, director de la UNP; Luz Adriana Camargo, Fiscal General, y Railin Elizabeth Yepes, esposa de Del Río, identificada como modelo venezolana. Según Bustamante, la operación habría buscado debilitarla a ella para facilitar un blindaje de Del Río ante procesos judiciales, alimentando una supuesta red de presiones y manipulaciones para ocultar las irregularidades.
La denunciante relata que, desde mayo de 2025, habría iniciado el supuesto montaje, con una reunión clave el 21 de mayo de 2025 en la sede de la firma en Bogotá. Según la narrativa presentada, se habrían grabado reuniones, se habría transmitido información a terceros y se habrían mantenido chats para manipular pagos y presionar para escalar el tema ante las autoridades. Bustamante también señala que se habría solicitado protección ante la Comisaría de Usaquén ante amenazas e intimidaciones; esa solicitud derivó en un enfrentamiento directo el 14 de agosto de 2025. En el marco de la denuncia, se alude a un atentado reportado en junio de 2024 y a una relación sentimental que habría terminado en 2022, pero en 2024 Bustamante habría declarado que su pareja se había ido del país por motivos de seguridad. Además, la versión de Bustamante sostiene que Del Río renunció a la firma, pero seguía manipulando su estructura comercial, mientras que Castañeda habría pagado honorarios sin su conocimiento y las reuniones se habrían llevado a cabo fuera de la oficina para montar montajes.
La denuncia abre un nuevo capítulo en la relación entre el despacho y figuras públicas
El expediente describe un marco de posibles irregularidades en la UNP y una confrontación emocional que involucra a personajes relevantes del mundo político y judicial. Entre los nombres mencionados figuran valores y cargos que van desde funcionarios de transparencia hasta senadores, y se insinúa que la red de contactos podría haber buscado blindar procedimientos a favor de Del Río y sus asociados. En paralelo, las declaraciones y hallazgos apuntan a una dinámica de presión y control que reflejaría tensiones de antaño y dinámicas actuales entre Bustamante y Del Río, con un despliegue de encuentros fuera de la oficina y llamadas a actores clave para influir en decisiones institucionales.
«Hágale la contra a esos hijueputas» – Miguel Ángel del Río
«Me doy cuenta del montaje que estaba organizando Del Río con el narcochofer no era solo contra Diego Cadena, de paso contra el expresidente Uribe, quien en ese momento estaba enfrentando su juicio y su antagonista era Miguel, sino que también iba contra mí. Estaba en una situación compleja con Miguel, episodios que ya sabe la Fiscalía, y querían ponerme una trampa para sacarme del camino» – Ximena Bustamante
«Miguel es un hp y necesito contarte cosas sobre él» – Manuel Castañeda
Si bien las actuaciones y las declaraciones aún se encuentran en una fase inicial de revisión, el caso podría tener importantes consecuencias legales para Del Río y otros involucrados, al tiempo que plantea interrogantes sobre la integridad de la firma y su red de contactos. Las implicaciones trascienden lo personal para tocar, según los denunciantes, cuestiones de seguridad y políticas públicas, con posibles efectos sobre la relación entre Uribe y las autoridades competentes. Ante la denuncia, la Fiscalía continúa, de acuerdo con los canales previstos, evaluando la veracidad de las acusaciones y las posibles líneas de investigación, mientras la UNP y otros actores institucionales vigilan el desarrollo de este caso que ya ocupa un lugar destacado en la agenda mediática y judicial.
