Una noticia desde un campamento ubicado en el Guaviare ha sacudido al país: un bombardeo militar dejó al menos seis menores fallecidos, según la confirmación oficial de las autoridades el 15 de noviembre de 2025. En medio de la conmoción, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, y la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, emitieron declaraciones en las que subrayan la necesidad de proteger a niños y adolescentes frente al reclutamiento y la violencia, al tiempo que señalan que actos como este constituyen una grave violación del derecho internacional humanitario y de los derechos de la infancia.
Marín afirmó que «Todo esto es lamentable; es la guerra en su despliegue doloroso e inhumano, que afecta a los más vulnerables: a menores de edad reclutados por falta de protección y hoy convertidos en objetivos militares», recordando que la protección de la infancia debe permanecer vigente incluso en escenarios de conflicto. Por su parte, Cáceres enfatizó con dolor que ya se había advertido en Guaviare y Cauca que entre 15 y 17 años pueden estar vinculados a estas dinámicas; insistió en que lo primero es sacar a los niños de filas armadas y evitar su uso y utilización, y afirmó que, sin diálogo, es difícil avanzar en la protección de la infancia.
«estas dolorosas muertes de siete niños en nuestro propio bombardeo también devela la cruel y repudiable estrategia de incluir en las estructuras adultas y niños al mismo tiempo intercalados. Yo no puedo dejar de dolerme y rechazar la muerte de los siete niños puestos en zona de riesgo, usados como carne de cañón en una estrategia de guerra para sus finanzas, también me duele que no podamos tener cómo detectar con inteligencia militar si hay niños o no en una columna de la delincuencia» – Astrid Cáceres, Directora del ICBF
La infancia, eje central ante el bombardeo en Guaviare
El hecho reabre el debate sobre el impacto del conflicto armado en Colombia y la obligación del Estado de proteger a la infancia, especialmente frente al reclutamiento de menores por parte de guerrillas y otros grupos armados. Las declaraciones también se inscriben en el marco de las amenazas y ataques contra funcionarios del ICBF por parte de actores armados, lo que aumenta la preocupación por la seguridad de quienes trabajan para proteger a los menores. En este contexto, se subraya la necesidad de que las Fuerzas Armadas tomen precauciones para proteger a los menores, conforme al Derecho Internacional Humanitario, y se hacen llamados a movilizar a la población para evitar que jóvenes entre 15 y 17 años sean reclutados o utilizados en actividades violentas.
En paralelo, los antecedentes apuntan a una problemática estructural: el reclutamiento de menores por parte de grupos armados persiste, y la atención se centra en cómo coordinar esfuerzos entre instituciones para blindar a la infancia. La situación en Guaviare, que ahora se suma a otros escenarios de violencia, reitera la necesidad de respuestas claras y firmes que permitan disminuir la exposición de los menores a la violencia y garantizar protectores efectivos para quienes trabajan en su defensa y cuidado.
