En Guaviare, el Ministerio de Defensa justificó un bombardeo contra las disidencias de las Farc, sosteniendo que la operación fue exitosa y que afectó a 26 integrantes, en momentos en que se confirmó la muerte de 7 menores fallecidos, según la Defensoría del Pueblo y Medicina Legal. La acción tenía como objetivo dar de baja a dos cabecillas de la agrupación, liderada por alias Iván Mordisco. La operación se realizó el 10 de noviembre de 2025 y, según la versión oficial, fue planificada y ejecutada con riguroso apego al derecho internacional humanitario (DIH), contando con apoyo aéreo cercano a la tropa, el empleo de bombardeo y la incorporación de todas las precauciones factibles, además de un minucioso análisis de métodos, medios y capacidades disponibles para reducir riesgos.
La respuesta oficial subraya que la operación dejó 26 integrantes de la disidencia afectados y que se incautó un impresionante volumen de armamento: 6 ametralladoras, 24 fusiles, 3 morteros, cerca de 30.000 municiones, 51 minas antipersonal y otros material bélico. También se indicó que 20 militares se encontraban en desventaja táctica y fueron protegidos durante la acción; el objetivo inmediato era dar de baja a dos cabecillas y la operación estuvo dirigida a una fracción comandada por Iván Mordisco. En palabras del Ministerio, la acción fue planificada y ejecutada con apego al DIH. Asimismo, se agregó que Mordisco financia su accionar mediante narcotráfico, explotación ilícita de yacimientos mineros, secuestro y extorsión, y que han recurrido sistemáticamente al reclutamiento forzado de menores, conducta considerada como crimen de guerra y de lesa humanidad, imprescriptible y generadora de responsabilidad penal internacional. El Ministerio expresó también su solidaridad a las familias de los menores fallecidos y reafirmó su determinación de continuar actuando dentro de los límites del DIH y en respeto a los derechos humanos, con absoluto respeto por la vida, para proteger a la población de las amenazas que representan los grupos armados ilegales.
Antecedentes y contexto señalan que el reclutamiento forzado de menores por las disidencias de las Farc, junto al liderazgo de Iván Mordisco, ha sido denunciado como crimen de guerra por organismos de derechos humanos. La noticia llega en un momento en que la ocupación militar y el saldo de menores fallecidos generan un debate sobre la justificación de bombardeos en contextos de conflicto y la necesidad de mecanismos independientes de verificación. El balance oficial apunta a una reducción de la amenaza para la población y para los militares, mientras que la Defensoría y Medicina Legal insisten en la importancia de esclarecer responsabilidades y garantizar salvaguardas para los menores involucrados, además de mantener la vigilancia sobre el cumplimiento de las normas internacionales aplicables.
La operación en Guaviare y la controversia por el uso de bombardeos
La realidad de la operación, según el Ministerio, evidencia la peligrosidad de la estructura criminal y la magnitud de la amenaza neutralizada a través del abundante material de guerra incautado en el lugar de los hechos. Desde La Veintitrés Manizales se continúa el seguimiento de este caso para comprender su impacto humano y jurídico, así como las respuestas institucionales que están por venir. Las cifras, las declaraciones y las denuncias de los organismos de control se entrelazan en un relato que plantea preguntas sobre la protección de la infancia, la legitimidad de las operaciones militares y la responsabilidad internacional en contextos de conflicto.
«La peligrosidad de esta estructura criminal y la magnitud de la amenaza neutralizada se evidencia en el abundante material de guerra incautado en el lugar de los hechos, que incluye: 6 ametralladoras, 24 fusiles, 3 morteros, cerca de 30.000 municiones, 51 minas antipersonal y otro material de guerra» – Ministerio de Defensa
La Veintitrés Manizales continuará informando sobre las verificaciones, reacciones y posibles investigaciones que surjan en torno a este hecho, con especial atención a las voces de la Defensoría del Pueblo, Medicina Legal y las comunidades afectadas en Guaviare, para ofrecer una visión rigurosa y verificable de un episodio que impacta directamente la seguridad y los derechos humanos en la región.
