El déficit fiscal de Colombia continúa bajo presión por un gasto público elevado y una recuperación de ingresos más lenta de lo esperado. Un análisis realizado por Javier Cuéllar, Director de Crédito Público, estima que el hueco total para el periodo que se extiende hasta octubre de 2025 oscila entre 8 y 10 billones de pesos. El informe, elaborado para el Ministerio de Hacienda, el Banco de Bogotá, la Universidad Javeriana y la Contraloría General de la República, explica cómo esa combinación de gasto sostenido y crecimiento insuficiente de los ingresos afecta la creación de escenarios fiscales de corto y mediano plazo.
El documento detalla que el gasto primario se mantiene en expansión y que los ingresos siguen sin recuperarse al ritmo deseado, lo que genera una notable rigidez en las cuentas públicas. En ese marco, la estrategia de deuda aparece como un conjunto de medidas destinadas a contener costos y mejorar la liquidez del Tesoro. Entre las herramientas destacan los ahorros por menores costos de intereses vinculados a la dinámica cambiaria y a las operaciones de manejo de deuda, como las OMDS y los TRS, además de la emisión en euros que amplía las opciones de financiación. El análisis señala que el portafolio de reserva estratégica ha generado un ahorro contable de 11 billones de pesos y un ahorro real de aproximadamente 1,3 billones. La variación prevista de la tasa de cambio, con una proyección cerca de 3.962 pesos por dólar y una meta oficial alrededor de 4.335 pesos, podría traducirse en una reducción de al menos 0,2% del PIB en el costo de la deuda externa. Las OMDS y los TRS podrían aportar ahorros del 0,5% del PIB o más.
El reporte también aborda la emisión en euros como una vía para ampliar las opciones de financiación, aunque advierte que esta medida modifica la curva de rendimientos en pesos, con efectos estimados entre 30 y 160 puntos básicos. En materia de ingresos, se indica que los ingresos totales del segundo trimestre representaron 8,7% del PIB, mientras que los ingresos tributarios brutos quedaron 0,52 puntos porcentuales por debajo de la meta. Hasta octubre, la recaudación registra un faltante acumulado de 6,1 billones y, en conjunto, el hueco total de ingresos para 2025 se mantiene en el rango de 8 a 10 billones. En el gasto, las obligaciones sin deuda se sitúan en 66,1%, el gasto de funcionamiento en 40,5% y la inversión en 24,2%. El gasto primario podría superar lo proyectado inicialmente en hasta 10 billones, en un contexto de convenios y contratos interadministrativos por 6,1 billones a ser evaluados para el 7 de noviembre, con 68% de lo contratado en la primera semana. Estas cifras llevan a que algunos analistas, citado por el propio informe, señalen que el gasto primario podría acercarse a niveles de crisis vistos en años pasados, según el Banco de Bogotá.
En el plano de deuda y financiación, la estrategia busca aumentar la liquidez del Tesoro, reducir el costo de la deuda y diversificar las monedas de denominación. Se destaca la creación de un portafolio de reserva estratégica que ha generado un ahorro contable de 11 billones y un ahorro real de alrededor de 1,3 billones; la emisión en euros amplía las opciones de financiación, pero modifica la curva de rendimientos en pesos con incrementos estimados entre 30 y 160 puntos básicos. La mezcla de estas herramientas, sumada a la contención del gasto impulsada por la Ley de Garantías Electorales, configura un marco de revisión de contratos interinstitucionales para 2025, mientras que las devoluciones a empresas han aumentado, reduciendo la caja neta y afectando la recaudación. Todo ello se inscribe en un contexto institucional marcado por ajustes en deuda, financiación y un manejo más diversificado de las fuentes de ingreso y gasto para sostener la trayectoria de consolidación fiscal en un año de alta rigidez presupuestal.
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En resumen, la evaluación de la evolución fiscal para 2025 llega en un momento de advertencias por picos de gasto y con la entrada en la Ley de Garantías Electorales, lo que subraya la necesidad de ajustes continuos en deuda y financiamiento para evitar incumplimientos de metas y reducir la presión sobre el gasto primario y la estructura del gasto público. Aunque existen ahorros significativos y nuevas vías de financiación, la sostenibilidad fiscal depende de decisiones políticas firmes que aseguren la consolidación presupuestaria para 2025 y años posteriores, manteniendo la capacidad de inversión y la estabilidad macroeconómica.
