La Comisión de Acusación del Congreso ha decidido abrir una investigación formal contra el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego por presunta adicción a sustancias, un caso que contempla la orden de un examen toxicológico y que queda sujeto a la autorización de la Corte Suprema de Justicia. El proceso inició el 21 de mayo de 2025 y apunta a la emisión de un auto que ordena pruebas conducentes, pertinentes y útiles, la recopilación de actas, informes y material audiovisual, la toma de declaraciones juradas y la citación de funcionarios relevantes, además de un requerimiento a la EPS del presidente para obtener informes sobre incapacidades médicas. En este expediente figuran como elementos centrales la denuncia de Wilson Ruiz, el respaldo de cartas del excanciller Álvaro Leyva Durán y la interacción de actores como la Embajada de Colombia en Francia y la Secretaría Jurídica de la Presidencia, con la Corte Suprema de Justicia estableciendo la autoridad para avanzar en la diligencia.
Los antecedentes del caso indican que el marco de la denuncia incluye un viaje oficial a París entre el 21 y el 23 de junio de 2023 y un episodio ocurrido en La Guajira el 26 de junio de ese mismo año, hechos que han sido citados como señales de conductas inusuales durante misiones oficiales. En las denuncias también se mencionan referencias a Nueva York y, dentro de ese contexto, se apunta a una desaparición señalada de 48 horas como elemento a corroborar. Todo ello ha llevado a que la comisión considere necesario avanzar con una investigación que podría generar citaciones y revisión de expedientes de viaje y de salud, así como respuestas institucionales por parte de la Presidencia y de los poderes judiciales.
Procedimiento y alcance de la investigación
La Secretaría de la Comisión ha dejado claro que el auto ordena pruebas que deben ser conducentes, pertinentes y útiles y que para su ejecución se establecerá una coordinación estrecha con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como la aprobación de la Corte Suprema de Justicia. También se prevé la solicitud de copias de actos administrativos y de la lista de integrantes de la comitiva, la toma de declaraciones juradas y un requerimiento a la EPS para obtener informes sobre incapacidades médicas desde 2022 hasta la apertura de la investigación, sin exponer historia clínica ni información reservada adicional. Además, la Secretaría Jurídica de la Presidencia debe certificar los nombres de médicos adscritos a la Presidencia, del secretario privado y del jefe de seguridad o edecán presidencial para citarlos a rendir testimonio, y el conjunto de diligencias podría abrir la vía a citaciones a otros funcionarios de la comitiva para declarar bajo juramento.
«Decrétase la práctica de un examen médico toxicológico al señor Gustavo Francisco Petro Urrego, en su condición de Presidente de la República, con el fin de verificar científicamente las afirmaciones contenidas en las comunicaciones del excanciller Álvaro Leyva Durán, relacionadas con el eventual consumo de sustancias que pudieren afectar el desempeño de sus funciones públicas» – Comisión de Acusación del Congreso
La dinámica del caso implica una revisión amplia de los documentos y actos administrativos vinculados a la comitiva presidencial, la recolección de material audiovisual y la posibilidad de citar a integrantes de la expedición para esclarecer los hechos. En esa línea, la investigación busca confirmar o desmentir las afirmaciones planteadas por Leyva y por el denunciante respecto a posibles consumos de sustancias que podrían impactar el cumplimiento de las funciones públicas del Presidente, situación que podría modificar la agenda institucional si se avanza con citaciones y revisiones de expedientes de viaje y salud, siempre dentro del marco de la legalidad y de los protocolos de confidencialidad correspondientes. La Presidencia y los poderes judiciales deberán responder con la diligencia y la transparencia requeridas, ante un proceso que se presenta como un giro relevante en la historia institucional del país.
