Un informe preliminar de las Fuerzas Militares ha revelado identidades de 14 de las 19 personas fallecidas en la operación aérea ocurrida en la zona rural del Guaviare, y entre las víctimas figuran siete menores reclutados por las disidencias de las FARC bajo el alias Iván Mordisco, siendo la menor Caren Smith Cubillos Miraña, de 13 años, la más joven identificada hasta ahora. Esta información se difundió en el marco de la investigación y la revisión de los cuerpos por parte de Medicina Legal.
Las identidades difundidas esta semana incluyen a Caren Smith Cubillos Miraña y señalan que cinco de los siete menores ya han sido identificados plenamente; la difusión de los nombres de los menores fue autorizada por sus familias, que también están gestionando el traslado de los cuerpos de sus hijos. En la operación participaron distintas entidades del Estado y las familias de las víctimas han buscado acompañamiento jurídico para esclarecer lo ocurrido.
La operación, ejecutada esta semana, consistió en un bombardeo dirigido contra un campamento del Estado Mayor Central, EMC, ubicado en la zona rural del Guaviare. Según los responsables de la operación, se actuó en respuesta a una amenaza inminente contra las tropas que se encontraban en terreno, en un esfuerzo por neutralizar un centro de mando de las disidencias y reducir riesgos para el personal desplegado.
La cifra oficial de fallecidos en la ofensiva es objeto de contrastes entre las instituciones. Medicina Legal informó que la ofensiva dejó 20 fallecidos en total, mientras que la difusión de identidades se basó en un recorte de 14 de los 19 cuerpos identificados hasta el momento. Entre los identificados, siete son menores, y la menor de todas, Caren Smith Cubillos Miraña, tenía 13 años. Además, aún están pendientes la identificación plena de cuatro hombres y una mujer, con cuerpos que permanecen sin reclamación o en proceso de verificación.
Contexto, reacciones y análisis institucional
El caso se inscribe en un debate nacional sobre bombardeos a estructuras armadas ilegales y en medio de un contexto en el que el gobierno de Gustavo Petro había prometido evitar ataques a campamentos con presencia de menores. La Defensoría del Pueblo ha señalado que la situación es “dolorosa e inhumana” y ha pedido cautela y protección de la vida de menores, mientras la oposición critica lo que consideran un giro ofensivo de la estrategia. En el plano internacional, la relación con Estados Unidos también es mencionada en las valoraciones políticas y estratégicas que rodean estas operaciones.
Institucionalmente, el Instituto de Medicina Legal confirmó la cifra de 20 fallecidos en total, de los cuales siete eran menores, y la Fundación Benéfica y Jurídica para la Paz acompaña jurídicamente a las familias afectadas. Vínculos institucionales citados incluyen a la Defensoría del Pueblo, Medicina Legal, las Fuerzas Militares y la Fundación para la Paz, que han estado monitorizando y documentando el caso para garantizar el debido proceso y el acompañamiento a las familias.
«si se deja avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco … entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente, a pocos kilómetros» – Gustavo Petro, Presidente
«Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida» – Gustavo Petro, Presidente
«es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio» – Gustavo Petro, Presidente
«Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad» – Gustavo Petro, Presidente
«dolorosa e inhumana» – Iris Marín, Defensora del Pueblo
«ante la inminencia y severidad de la amenaza» – Pedro Sánchez, Ministro de Defensa
Además, se defendió que la ofensiva se dirigió contra un campamento del Estado Mayor Central (EMC) y que se actuó en respuesta a una amenaza inminente contra tropas en terreno. – Agencia Reuters/EFE
En el análisis institucional también se destaca que la operación forma parte de una serie de bombardeos ordenados por el Gobierno en los últimos dos años, que se estima en alrededor de 13 ataques dirigidos a estructuras armadas ilegales. Las autoridades han insistido en que estas acciones buscan contrarrestar amenazas, pero el balance humano generado, especialmente entre menores, alimenta el debate público sobre los costos humanos de estas estrategias de combate.
En el marco local, las familias de los adolescentes identificados han gestionado el traslado de los cuerpos y la difusión de los nombres fue autorizada por ellas mismas, lo que ha permitido avanzar en la labor de identificación y acompañamiento jurídico a las familias afectadas, mientras que todavía quedan casos en proceso de verificación y cuerpos sin reclamar.
La red de instituciones involucradas —Defensoría del Pueblo, Medicina Legal, Fuerzas Militares y la Fundación para la Paz— reiteró su compromiso con la transparencia y la protección de la vida, y subrayó que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias exactas de la operación y las condiciones que rodearon la existencia de menores en los campamentos armados. Este hecho invita a un examen profundo de las políticas de combate y de la protección de la infancia en zonas de conflicto.
