Responsable de Defensa justificó el bombardeo contra disidencias y lamentó la presencia de menores allí.

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Defensa sostiene la legalidad de la operación aérea en Calamar y describe el contexto estratégico

El Ministerio de Defensa de Colombia afirmó este sábado la legitimidad de la acción militar aérea ejecutada el 12 de noviembre en la zona rural de Calamar, departamento del Guaviare, dirigida contra un campamento de disidencias de las Farc bajo el liderazgo de alias Iván Mordisco.

  • Fecha y lugar: 12 de noviembre, zona rural de Calamar (Guaviare).
  • Objetivo: campamento de disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco.
  • Balance de víctimas: 20 fallecidos, según el Instituto Nacional de Medicina Legal; entre ellos 7 menores de edad (4 mujeres y 3 hombres).
  • Justificación operativa: protección de una unidad de 20 militares frente a una superioridad numérica estimada entre 100 y 150 combatientes.
  • Fuentes: comunicado institucional del Ministerio de Defensa y datos del INML.

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó el número de víctimas, incluido el de siete menores reclutados de forma forzada para funciones de combate dentro de la estructura de las disidencias.

“doloroso e inhumano”

Iris Marín – Defensora del Pueblo

La defensa de la operación se fundamenta en la necesidad de evitar daños mayores a las tropas y a la población civil ante la presencia de un grupo armado significativamente superior. Según el parte oficial, la decisión de habilitar el apoyo aéreo cercano, con la posibilidad de bombardear, respondió a una evaluación de inteligencia que advertía un riesgo inminente para las fuerzas y comunidades cercanas.

El Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, subraya su compromiso con el respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y afirma que las operaciones se planifican considerando escenarios de riesgo, priorizando la salvaguarda de vidas.

En el marco de las críticas recibidas, organizaciones como la Defensoría del Pueblo destacaron la necesidad de proteger a la población infantil en contextos de conflicto y pidieron medidas para evitar que episodios semejantes se repitan en operativos futuros.

Hasta la fecha, registros oficiales señalan 463 casos de reclutamiento de menores en lo que va del año, un fenómeno que persiste pese a las iniciativas de reducción de la violencia y a la estrategia de paz total. El episodio de Calamar ha reavivado el debate sobre costos y límites de las acciones militares en zonas afectadas por el conflicto.

Las autoridades mantienen operativos en curso en Guaviare y áreas limítrofes como Arauca, con el objetivo de debilitar la capacidad de las disidencias y fortalecer la presencia estatal en la región.

Notas: las cifras y conclusiones provienen de fuentes oficiales y están sujetas a revisión conforme avanzan las investigaciones y la verificación forense.

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